En el ciclo de noticias de la semana pasada pudimos ver que el gobierno promovió el proyecto de ley “Aula Segura” que apunta a reducir a una duración de 10 días el proceso de expulsión de estudiantes que hayan participado en hechos violentos. Dada la relevancia mediática de este acontecimiento, desde el departamento de Política Social del Centro de Estudios de la Realidad Social quisiéramos hacer un breve comentario sobre algunas de las implicancias prácticas, políticas y desafíos que plantea este proyecto de ley.
En primer lugar, el proyecto de ley vulnera principios y derechos básicos dentro de un estado de derecho como lo son el debido proceso y el derecho a la educación. Al tener como sanción principal una medida tan grave como la expulsión y/o cancelación de matrícula a un alumno, el proceso debiese contar con una serie de etapas y evaluaciones para considerar dicha sanción. En la actual medida, se faculta únicamente al director del establecimiento para hacer esta ponderación quedando a su arbitrariedad conceptos como “causar daño al establecimiento”, además de ser esta misma autoridad quien decida sobre una eventual apelación. En resumen, el director del establecimiento se convierte en juez y parte de la expulsión de estudiantes.
Todo lo anterior se enmarca dentro de un plazo de investigación extremadamente reducido para un sumario administrativo, 5 días, abriendo la posibilidad de investigaciones deficientes y simplistas, que redundan en la imposibilidad del estudiante acusado de defenderse en caso de abusos, arbitrariedades y errores en el proceso de sanción. De esto podemos deducir que se quita toda facultad de defensa a los estudiantes que, por causas reales, imaginadas o inventadas, sean acusados de violencia y daños.
Entendiendo que esta medida puede ser usada en liceos públicos, debemos remarcar que esta ley vulnera el derecho a la educación, pues se deja al alumno sin la posibilidad de desarrollarse en un ambiente educativo elegido tanto por él como por su núcleo familiar, trasladándose a otro diferente en el cual no habrá seguimiento para su óptima inclusión. Todavía más, establecimientos del Estado tendrán la potestad de eliminar estudiantes “conflictivos”, lo que tiene por efecto removerlos del sistema, aumentando la deserción escolar, o concentrarlos en escuelas para estudiantes problemáticos, reduciendo sus capacidades para rehabilitarse y reinsertarse.
Las medidas del proyecto Aula Segura criminalizan a estudiantes vulnerables: quienes cometen violencia política tienen pocas redes de apoyo y necesitan que los servicios de menores, entre ellos las redes que los colegios proveen, les ayuden a mejorar su situación. Erradicar la violencia es parte de las tareas de las que se tienen que hacer cargo los colegios. Expulsar a los estudiantes de liceos emblemáticos no erradica la violencia, la mueve a otros espacios más precarios, como colegios más pobres y poblaciones vulnerables. Si queremos ver qué pasa con los jóvenes abandonados por el sistema, no miremos más lejos de lo que ocurre en el SENAME.
Más allá de las vulneraciones de derecho propias que trae este proyecto de ley, es importante señalar que la violencia política se concentra en un grupo limitado de colegios, los colegios emblemáticos, concentrados en un grupo limitado de comunas, Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa. La gran mayoría de los liceos de Chile no tienen problemas con encapuchados y bombas molotov, sino enormes problemas de infraestructura, recursos y falta de fiscalización.
La violencia política que ataca este proyecto en su mayoría no se desarrolla en el aula, sino fuera de ella. La verdadera violencia que vuelve a las aulas inseguras es el matonaje escolar, la discriminación y la exclusión de estudiantes diferentes. Según datos de la prueba PIRLS 2016, el 36% de los estudiantes chilenos es víctima de bullying mensualmente, y al menos el 13% recibe agresiones todas las semanas. Este proyecto de ley que dice buscar “aulas seguras” ni si quiera menciona la violencia que literalmente ocurre diariamente dentro de las aulas chilenas.
Para poblaciones en riesgo de discriminación, la realidad es peor: según datos de la prueba PISA 2015, en Chile los estudiantes migrantes tienen más probabilidad de declarar que no sienten que pertenecen a la escuela en la que estudian, lo que impacta negativamente su desempeño. De acuerdo a un estudio desarrollado por la Fundación Todo Mejora, 62% de los estudiantes LGBT han sido víctimas de acoso verbal y el 26% ha recibido golpes. Estas agresiones no provienen de otros estudiantes encapuchados, sino de los pares con los que deben convivir diariamente y de parte de profesores y funcionarios. Es incierto cuál será el efecto para estos menores si ahora pueden ser expulsados en un proceso acelerado y sin garantías.
Chile tiene que trabajar en su política contra el bullying. El plan “aula segura” no se preocupa de hacer más seguros los espacios de estudio para una mayoría enorme de estudiantes del país. Una conclusión posible es que la medida está hecha para una élite del sistema educativo, los liceos emblemáticos, que siempre han recibido apoyo especial de parte del Estado. La alternativa es que esta ley está hecha para generar un efecto comunicacional, vejando a menores de edad con una política que no cumple con su cometido (crear aulas seguras) y que en cambio pone en riesgo la continuidad educativa y la rehabilitación de los jóvenes con más necesidades del país.
Camilo Ariel García – Director de Política Social
Cristian Arismendi – Investigador
Foto de portada: ESTEBAN ESCOBAR / AGENCIA UNO
