En el marco del acuerdo de solución Amistosa entre el Estado de Chile y MOVILH se desarrolló el pasado 12 de Octubre un workshop de 3 partes en donde participaron organizaciones de la sociedad civil y el Estado Chileno. Nuestra institución fue representada por nuestro director, Cristián Bustos y Camilo García, director de políticas sociales.
En el encuentro se solicitó a las organizaciones evaluar el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado de Chile. Al respecto, Rolando Jiménez, representando a MOVILH, organización demandante, indicó que las declaraciones de distintos personeros de gobierno en contra de las iniciativas legislativas comprometidas quiebran el acuerdo. Juan Enrique Pi, representante de Fundación Iguales, manifestó el interés de las organizaciones LGBTIQ+ en que el proyecto de matrimonio igualitario presentado por el gobierno anterior sea tramitado y que este gobierno evite innovar con un proyecto nuevo. Matías Valenzuela, asesor jurídico de OTD, manifestó su preocupación por la ambigüedad en las circulares que versan sobre materias trans e intersex, y su aplicación efectiva en los organismos a los que afectan.
Mientras que CERES suscribe estas posturas, atendiendo la importancia de la comunicación y las actitudes de los personeros de Estado para la elaboración de políticas y la creación de una gobernanza democrática que considere los derechos y la participación de las personas LGBTIQ+, también hicimos uso de la experiencia acumulada de la institución para entregar una batería de recomendaciones en materia de políticas públicas, con un foco especial en la recolección de datos sobre la población LGBTIQ+:
En materia de niñez y juventud:
- Se solicita la aplicación efectiva de la circular 0768 para la protección de menores trans en la educación escolar. Para estos efectos se propone una capacitación a los directores y sostenedores de establecimientos educacionales en la aplicación de la circular.
- Se solicita la incorporación de categorías vulnerables en la planificación y análisis de las políticas contra la violencia escolar. Personas LGBTIQ+ reciben entre dos y tres veces más violencia que la población general, por parte de pares, profesionales y asistentes de la educación.
- Se sugiere que el MINEDUC aproveche las preguntas sobre violencia escolar y bullying presentes en la prueba SIMCE para medir este fenómeno entre estudiantes LGBTIQ+, incorporando preguntas sobre orientación sexual e identidad de género. El Estado de Chile puede solicitar la incorporación de esta dimensión en el cuestionario adjunto a la prueba PISA de la OECD y puede solicitar la aplicación de estudios para medir la discriminación a esta población en educación al Banco Mundial, que ya tiene experiencias previas en India y Eslovaquia.
Sobre el monitoreo de la exclusión y la violencia en la población general:
- Se solicitó la revisión de la metodología de implementación de preguntas de orientación sexual e identidad de género en la encuesta CASEN, puesto que no han logrado medir correctamente estas variables, haciendo inútiles los datos levantados por este instrumento.
- Se solicitó la incorporación de orientación sexual e identidad de género en el censo 2022, atendiendo las consideraciones metodológicas de la encuesta CASEN.
- Se sugirió que la Subsecretaría de Prevención del Delito levante información adicional sobre crímenes violentos contra la diversidad sexual y de género. Esto puede generar con un bajo costo de implementación datos sobre:
- Suicidios y asesinatos LGBTIQ+
- Victimización de crímenes violentos (asaltos, lesiones) de población LGBTIQ+
- Se indicó que el programa de apoyo a víctimas de la misma subsecretaría debe incorporar apoyo a las personas víctimas de crímenes violentos por causa de su orientación sexual e identidad de género.
- Se sugirió que Gendarmería recolecte información sobre la situación de derechos humanos de personas privadas de libertad LGBTIQ+ e información de reinserción social.
- Se propuso colaborar con el INJUV en la medición en Chile de un índice de inclusión de jóvenes LGBTI elaborado por Mag jeunes LGBT y UNESCO. Además, sugiere ampliar la cantidad de fondos disponibles para evaluaciones de políticas en distintas reparticiones del Estado según criterios LGBTIQ+.
A modo general, hubo acuerdo en la necesidad de avanzar hacia una institucionalidad de derechos humanos de la diversidad sexual, tanto a través del fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como a través de la creación de una división de diversidad sexual y género alojada en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
CERES Política Social se encuentra trabajando en este momento en múltiples proyectos relacionados con la generación de datos sobre la diversidad sexual y de género y en la articulación de una iniciativa conjunta para la reforma a la Ley Antidiscriminación. Sobre este último punto, la sociedad civil que asistió al encuentro es unánime en recomendar una reforma significativa que ayude a hacer efectivo el derecho a la no discriminación.
Camilo Garcia – Director Política Social
Cristián Bustos – Director CERES
