El pasado domingo 11 de abril el presidente Sebastián Piñera anunció la puesta en marcha de la Nueva Ley de Migración y Extranjería, normativa que reemplaza la antigua Ley de Migración de 1975, legado directo de la dictadura. En específico, dentro de los principales cambios que contempla la ley, se encuentra la creación de un nuevo Servicio Nacional de Migraciones, a la vez que genera un nuevo sistema de otorgamiento de visas que tiene, dentro de sus principales características, que debe ser gestionada por los países de origen de las personas migrantes.
Como estableció el presidente Sebastián Piñera junto al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el objetivo de esta normativa tiene relación con la prevención del ingreso irregular de extranjeros, al mismo tiempo que busca promover una migración legal, ordenada y segura. Ante esto, distintas organizaciones pro migrantes del país, han señalado que la normativa replicaría la visión de seguridad nacional del decreto anterior (Decreto Ley Nº1094) y no se adaptaría al contexto actual al no tomar en consideración que la migración es un fenómeno global que está en constante crecimiento.
Dentro de las principales limitantes de la normativa, se encuentra la dificultad para acceder a la regularidad al obligar a quienes decidan emigrar al país tramitar su visa de residencia en el consulado chileno de su país de origen antes de llegar a Chile. A lo anterior, se agrega que quienes hayan ingresado de manera irregular al país por pasos no habilitados antes de promulgada la ley, tienen un plazo de 60 días para tramitar sus visas. Sin embargo, como señala Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, la ley da un plazo de dos meses a las personas que están irregulares en el país para irse, no para regularizarse. Esto, porque el gobierno no considera la demora que tardan los trámites en un consulado (Diario UChile, 2021).
La consecuencia de lo anterior es grave, ya que no se estaría respetando la obligación que ha contraído el Estado, a través de la ratificación de distintas Convenciones Internacionales, de promover el respeto de los derechos de las personas migrantes. Un punto importante a destacar, es la dificultad que tendrán para solicitar refugio quienes deban emigrar al país. Como explica Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración, quienes no posean visa definitiva no podrán ingresar al país dada la imposibilidad de un cambio de status (Migración en Chile, 2021). Sin duda, una de las consecuencias de lo anterior será el aumento de migrantes en situación de irregularidad al no poder explicar las razones por las que llegaron a estar en esa situación.
Finalmente, es importante señalar que la migración es un derecho humano fundamental, y que ninguna persona es ilegal. Como queda evidenciado, la nueva Ley de Migración, que buscaba ser una respuesta a los actuales flujos migratorios, no considera la realidad de la migración en el país. Tan solo durante este año, más de 10.000 personas entraron por pasos no habilitados y es esta la realidad de la que no se hace cargo la nueva Ley, quedando reflejado su carácter insuficiente y restrictivo bajo el cual no se busca proteger la vida de las personas que migran sino que la “seguridad de un país”.
Por Catalina Quinteros Martínez, Cientista Política
CERES Política Social
Referencias
Becerra, A. (11 de abril de 2021). Organizaciones rechazan nueva Ley de Migración: Hay una continuidad respecto del enfoque de seguridad nacional de Pinochet. Diario UChile. Recuperado de https://radio.uchile.cl/2021/04/11/organizaciones-rechazan-nueva-ley-de-migracion-hay-una-continuidad-respecto-del-enfoque-de-seguridad-nacional-de-pinochet/
Rodríguez, M. (24 de marzo de 2021). Nueva Ley de Migración ¿Solución a los problemas? Migración en Chile. Recuperado de https://www.migracionenchile.cl/nueva-ley-de-migracion-solucion-a-los-problemas/
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