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Programa Clase Media Protegida y endeudamiento: cuando la medicina puede ser peor que la enfermedad.

Sin lugar a duda, la pandemia global por COVID-19 se ha tomado la agenda pública y política de todos los países del mundo. Su alta tasa de transmisibilidad y el aumento de los contagios a nivel global, ha copado la capacidad de los sistemas sanitarios y ha provocado más de once millones de contagios y 543.535 muertes en todo el mundo. Ante la ausencia de vacunas o esquemas de tratamiento eficaces, las restricciones de movilidad, orientadas a reducir el contacto social y con ello la proliferación comunitaria del virus, emergen como la principal estrategia tomada por la mayoría de los países del mundo para hacer frente a la emergencia. Las cuarentenas y otras medidas de confinamiento no sólo han supuesto un cambio en la “normalidad” de muchos, sino que también nos han llevado a cuestionar muchos de los supuestos de las formas de organización política, social y económica en las sociedades contemporáneas.

Las restricciones sanitarias se han visto acompañadas de abismantes caídas en la actividad económica, aumentos sostenidos en la tasa de desempleo, pánico bursátil y una contracción económica de magnitudes no vistas desde la década de 1930 (FMI, 2020). Lo que ha dejado de manifiesto la incapacidad de los mecanismos de mercado de entregar resultados óptimos o subóptimos, que racionalicen los efectos de la incertidumbre y riego existente[1]. Lo anterior, supone no sólo un suceso en donde aquellos fundamentos económicos mas ortodoxos carecen de respuestas evidentes, sino que da cuenta del rol que los Estados han asumido en términos de participación en la economía, ya sea mediante cuantiosas inyecciones de liquidez, por la vía de políticas monetarias altamente expansivas o con programas de estímulo fiscal, que incluyen desde transferencias monetarias a los ciudadanos hasta la nacionalización de firmas en sectores estratégicos. Estas intervenciones suponen importantes costes; en el caso de países de la Unión Europea, los programas de asistencia y las acciones tomadas producto de la emergencia mediante paquetes fiscales, superan en muchos casos el 10% del PIB[2], con una media global cercana al 4%[3]. Las inéditas circunstancias, han llevado a dejar en el pasado de forma momentánea el dogma del equilibrio fiscal, en la medida que la tasa de contagios y las muertes se expanden rápidamente en todos los rincones del planeta. Producto de aquello, la dicotomía que emerge en algunas latitudes, entre “resguardar la vida” o “la economía”, reflota aquellas críticas de algunos sectores más heterodoxos de la economía y lleva a reflexionar acerca del real rol que la disciplina económica ha de desempeñar en las sociedades.

En Chile, los efectos de la crisis económica producto de la pandemia evidencian una contracción de la actividad económica del 15,2% en el último dato mensual[4], lo que junto a un aumento del 11,2% de la tasa de desocupación en igual periodo[5], el desplome de la demanda producto de la reducción del consumo y una reducción de la inversión, dan cuenta de un deterioro de la demanda interna, del mercado laboral, de las condiciones financieras locales y de las expectativas empresariales y de los consumidores (Banco Central, 2020). Lo anterior, ha motivado la presentación de una serie de medidas desde marzo a la fecha, por parte del ejecutivo, orientadas a servir de apoyo a los diversos agentes económicos que componen el entramado social, que abarcan desde transferencias monetarias condicionadas a grupos focalizados, subsidios y eventuales rescates a firmas estratégicas[6], frente a la falta de robustez y/o ausencia de elementos propios de un Estado benefactor moderno. Sin embargo, los grupos de ingresos medios, los cuales no habían sido incluidos dentro de la población beneficiaria de las políticas focalizadas de contingencia por la pandemia hasta julio, fueron incluidos en un nuevo programa presentado por el ejecutivo denominado Clase Media Protegida[7], que se orienta a contribuir en la entrega de una respuesta por parte del Estado a grupos de ingresos medios, en las dimensiones de vivienda, educación y consumo. Este consta de cuatro iniciativas: un crédito orientado al consumo con una tasa de interés real de cero por ciento; la ampliación del subsidio de arriendo para los grupos de ingresos medios; la postergación de cuotas de créditos hipotecarios con acreedores del sistema financiero y la ampliación del periodo de postulación al sistema de créditos para la educación superior, mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Si bien las problemáticas levantadas por los policy makers resultan acertadas, los mecanismos propuestos a priori, dan cuenta de su limitado alcance y probable insuficiencia, salvo por la postergación de cuotas de créditos hipotecarios que, si bien omite los costes asociados por concepto de intereses futuros acumulados, va en la línea de descomprimir uno de los principales costes de endeudamiento de las familias de ingresos medios. Respecto al complemento al subsidio al arriendo durante un periodo de tres meses, para aquellas propiedades cuyo alquiler no supere los cuatrocientos mil pesos chilenos (≈500 USD), la oferta de inmuebles existente en el mercado es bastante reducida[8] y se orienta principalmente a configuraciones de vivienda mono ambiente o de reducidos metros cuadrados, lo que no sólo favorece el hacinamiento, sino que también acotará el impacto real de la medida para las familias. Las dos medidas restantes, refieren a mecanismos crediticios; el primero de ellos denominado “Crédito blando COVID-19”, consistente en un crédito de consumo, provisto por el Estado mediante la Tesorería General de la República, con tasa de interés real del cero porciento, un año de gracia, contingente al ingreso y pagadero a cuatro años por un monto máximo de 2,6 millones de pesos chilenos (≈3.250 USD), que se evaluará en función de la variación en los ingresos reportados por los hogares durante los últimos periodos. El segundo de ellos, corresponde a la ampliación del periodo de postulación al Crédito con Aval del Estado (CAE), mecanismo mediante el cual los estudiantes pueden acceder a créditos con acreedores del mercado financiero, con garantía estatal, para el financiamiento de sus estudios superiores, el cual tras más de una década de su creación y luego de una serie de reformas durante los últimos años, cuenta con más de un millón de estudiantes deudores desde su creación, de los cuales 559.058 ya se encuentran pagando sus cuotas y un 44,5% se encuentran morosos a 2019[9], con los consiguientes impactos sobre el endeudamiento de los hogares y siendo uno de los países de la OECD con el mayor gasto privado en educación superior[10].

En Chile, el nivel de endeudamiento de los hogares viene creciendo a una tasa del 6%-8% anual durante el último lustro[11], representando el 50,3% del PIB a marzo de 2020 y un 75,4% de los ingresos disponibles del hogar. Un 66% de los hogares reconoce haber contraído alguna o más obligaciones financieras y cerca de cinco millones de chilenos se encuentran morosos[12], una parte importante de ellos corresponde a grupos de ingresos medios ya que, según los datos de la última Encuesta Financiera de Hogares (EFH)[13], la tenencia de deuda de consumo alcanza el 57,5% del total de hogares de dicho estrato. Lo anterior, supone un antecedente importante a tener en consideración, en un país donde la mayoría de las políticas públicas orientadas a la protección social, tienen un criterio de focalización en las poblaciones de mayor vulnerabilidad social, excluyendo a los sectores de ingresos medios de programas de transferencias, subsidios, ingresos de emergencia y otros, lo que favorece a una mayor vulnerabilidad de éstos y los expone a una mayor probabilidad de movilidad social descendente[14].

Existe bastante evidencia acerca de los efectos a nivel agregado del endeudamiento de los hogares sobre el crecimiento económico. Si bien este resulta fundamental para la actividad económica, ya que los hogares se endeudan para facilitar el consumo, acceder a vivienda y financiar otras necesidades, del mismo modo que las firmas suelen hacerlo para financiar sus inversiones, el sobreendeudamiento puede restringir aún más el acceso a liquidez para el consumo futuro, limitando todavía más sus oportunidades. Por tanto, el endeudamiento tiene importantes repercusiones para las políticas publicas y constituye uno de los principales factores de la estabilidad financiera (Dembiermont, Drehmann y Muksakunratana, 2013), clave para un crecimiento económico sostenible y una economía saludable.

Por ello, la propuesta presentada por el ejecutivo no sólo podría contribuir al aumento del endeudamiento y de la carga financiera sobre los hogares, con sus consiguientes impactos sobre las personas, sino que también introduce elementos que pueden aportar a una mayor inercia en el proceso de recuperación económica post-pandemia. Lo que debería llevar a interrogarnos si la medicina puede ser efectivamente peor que la enfermedad.

 

Cristián Bustos F – Director Centro de Estudios de la Realidad Social

 

Referencias

Banco Central (2020). Informe de Política Monetaria (IPoM) junio 2020. Capitulo 3 Actividad y Demanda, Pág. 39-47. Banco Central de Chile (Santiago).

Dembiermont, Drehmann y Muksakunratana (2013). How Much Does the Private Sector Really Borrow? A New Database for Total Credit to the Private Non-Financial Sector. BIS Quarterly Review. BIS Publication.

FMI (2020). World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown, Fondo Monetario Internacional (FMI).

[1] John Maynard Keynes, La teoría general del empleo, los intereses y el dinero, capitulo 12, El estado de la expectativa a largo plazo.

[2] European Commission, May 2020: Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation.

[3] World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown, Fondo Monetario Internacional (FMI).

[4] Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC), correspondiente a variación a 12 meses (mayo 2020) del Banco Central de Chile (BCCh).

[5] INE: Encuesta Nacional de Empleo: contingencias COVID-19, Nota Técnica Nº3.

[6] Diario El Mercurio, 30 de Mayo de 2020.

[7] Nota de Prensa Presidencia de la República, 5 de julio 2020.

[8] Arriendos por las nubes: efecto de la creciente concentración de la propiedad, CIPER Chile.

[9] Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE (2019), Fundación Sol.

[10] Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Indicator C3. How much public and private investment in educational institutions is there?

[11] Informe de Estabilidad Financiera (IEF) Primer Semestre 2020, del Banco Central de Chile (BCCh)

[12] XXVIII Informe de Deuda Morosa, primer trimestre 2020, Universidad San Sebastián (USS) y Equifax.

[13] Encuesta Financiera de Hogares (EFH), año 2017, del Banco Central de Chile (BCCh)

[14] OECD (2018), A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, OECD Publishing, Paris

Esta columna es parte del esfuerzo de CERES a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Si te interesa saber más sobre los ODS, conocer lo que estamos haciendo para contribuir a la reducción de las desigualdades y colaborar con nuestro trabajo, puedes contactar con nosotros aquí.

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