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Reflexión en torno a la vulneración de derechos en la infancia por parricidio en Chile

El último tiempo, nuestro país ha sido remecido por graves hechos que han evidenciado las deficiencias del sistema y de sus instituciones al momento de resguardar la integridad de niños, niñes, niñas y adolescentes. Casos como el de Ambar Cornejo o el de Melissa Chávez, ambos acontecidos el año 2020 y donde existen investigaciones en curso por el delito de parricidio en calidad de consumado, desencadenaron una serie de cuestionamientos hacia el Poder Judicial y hacia los programas intervinientes en causas de vulneración de derechos. Quedando, además, de manifiesto la constante ausencia por parte del Gobierno y la incipiente y casi nula presencia de programas preventivos y reparatorios que tengan la capacidad de accionar oportunamente. Vale agregar que, ambos casos, comparten ciertas características que no sólo convergen en el horrible desenlace, sino que en un punto previo al mismo, ya que tanto Melissa como Ambar fueron, en algún momento de sus vidas, sometidas a la intervención judicial. Intervención que no pudo generar cambios ni brindar la protección adecuada, develando que la respuesta tardía e ineficaz, tiene terribles consecuencias.

Lamentablemente, a la fecha, nuestro ordenamiento jurídico interno no cuenta con una ley que otorgue la debida protección a la niñez y adolescencia, pues pese a existir un procedimiento especial para dichos casos, este tiene su sustento principalmente en dos leyes que carecen de un lenguaje y contenido adecuado, hablamos de la Ley 19.968 Sobre Tribunales de Familia y la Ley 16.618 Sobre Menores. Siendo esta última, duramente criticada por organismos internacionales al considerar que no posee un enfoque integral e inclusivo en la materia. Al respecto, el año 2015 el Comité de los Derechos del Niño señaló su preocupación indicando que nuestro país debe materializar sus compromisos adquiridos mediante una reforma legislativa que deje atrás el enfoque tutelar que hasta ahora ha sostenido.

Es importante mencionar que desde el año 2015 existe un Proyecto de Ley relativo a Garantías y Derechos de la Niñez que está siendo tramitado sin vislumbrar aún su aprobación. Dicho proyecto, surge a raíz de una serie de recomendaciones que se han realizado y que buscan, como ya se ha señalado, cambiar el enfoque tutelar y transitar hacia uno que contemple a lxs niñxs y adolescentxs como sujetxs de derechos. En este punto, el Comité de Derechos del Niño ha rescatado el ánimo de legislar, sin perjuicio de que mantiene su inquietud por la existencia de la Ley de Menores de 1967 y por los intentos fallidos que ocurrieron anteriormente al buscar cambiarla.

Otro factor que preocupa al Comité es la violencia que se ejerce contra les niñes y adolescentes y la forma en que esta se aborda. Por lo que sugiere elaborar bases de datos y estrategias integrales que ayuden a prevenir e intervenir en casos de violencia, especialmente en el hogar. Ello, debido a que es en ese punto donde se deben realizar los cambios, evitando, de ese modo, que la vulneración persista e incluso aumente.

Si bien el estado Chileno se vió obligado a adecuar su legislación interna con instrumentos de medición internacionales reconociendo así a niñes y adolescentes como sujetos de derecho, otorgándoles una supuesta protección integral, respetándolxs, y condierándolxs, lo cierto es que todavía en el 2021 sigue siendo preocupante el alza de casos que existen no solamente de maltratos evidentes como lo puede ser el asesinato de un menor en manos de sus progenitores y/o cuidadores, sino desde el gran espectro que debe ser entendida la vulneración de derechos: abuso sexual, maltrato físico y psicológico, abandono e incluso negligencia.

Sin duda la mayoría de los casos que tanto conmueven a la población sobre el asesinato de menores, desapariciones y demaces pudieron haber sido evitados, pero no existe una columna rígida en la materia ni un apoyo regular en la crianza. Entonces, ¿qué más debe pasar para tomarle el peso que corresponde en estos casos? ¿cuántas Ámbar, Melissa y Tomás deben sufrir la vista ciega de un estado que no vela por ellxs? ¿cuántas pérdidas más se necesitan para generar una ley que proteja de manera eficaz a nuestrxs menores?

Autores: Alin Burgos, Rodrigo Figueroa & Constanza Godoy

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