Feminismo, Género, Mujeres, Política, Violencia de género

Análisis y reflexiones en torno a la 60a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Entre los días 23 y 25 de febrero del presente año se llevó a cabo la Sexagésima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Habiéndose desarrollado de forma telemática, la instancia buscó poner en discusión la situación actual de las mujeres en el contexto de la pandemia del Covid-19. El instrumento sobre el que se fundamentaron las propuestas, balances e informes declarados fue el Compromiso de Santiago, adoptado por los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en el año 2020. Además de confirmar la urgencia de la implementación de acuerdos internacionales precedentes, como lo son la Plataforma de Acción Beijing y la Agenda Regional de Género, el objetivo del Compromiso está centrado en la implementación de “políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de las crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres”.

Respecto de la jornada del primer día, resulta interesante que en la inauguración Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, se interrogara de manera abierta y reflexiva sobre la efectividad del Compromiso de Santiago: “¿Ha sido útil como herramienta para dar respuesta al COVID-19?”. Efectivamente, en lo que respecta a los cataclismos cíclicos, el Compromiso de Santiago tuvo un semblante “premonitorio” que, junto a las cláusulas acordadas, permitieron que los países miembros impulsasen medidas, planes, acciones y políticas, en razón de su autonomía, según sus posibilidades y características sociales, políticas, económicas y culturales particulares. Sin embargo, la tarea es ardua y diferenciada. El retroceso de los logros de aquel conjunto de acuerdos y acciones que velaron durante los últimos años por la equidad y la transversalización de criterios de género es indesmentible, los mecanismos que sostienen el orden de las desigualdades sociales están, desde hace un tiempo, nuevamente sobre la mira. Para muchas organizaciones de la sociedad civil la crisis sanitaria debió haber sido el momento de una restructuración profunda, genuina y sin antecedentes, destinada a dar alcance a una democracia de círculos virtuosos, sin embargo durante su primer periodo esta parece haber sido el caldo de cultivo para que las lógicas de desregulación y la desvalorización de los derechos sociales tensionaron el orden social, dando paso a una agudización del clasismo, el sexismo, el racismo, el capacitismo, la homofobia y la lgbtiqfobia en su amplio sentido.

Lo observado el primer día (23 de febrero) nos deja ver que la hoja de ruta es —si bien multidimensional— bastante clara. Según los informes de representantes y altas autoridades de los países miembros para darle cara a los desafíos del COVID-19 resulta necesario reactivar el comercio nacional, generando en paralelo pactos sociales, políticos y económicos que alienten a la diversificación productiva desde una perspectiva cuyo fundamento es la justicia redistributiva y la sociedad del cuidado. Un criterio común es también el fortalecer todos los planes de acción implementados con miras a la Agenda Regional de Género y a la Agenda 2030. Erradicar el fenómeno del silencio estadístico, diseñar sistemas de información que consideren los sesgos por patrones culturales, de entre los cuales, la desagregación de datos es un elemento base. Lo mismo sucede con la fiscalidad y el empleo, que determinan la posibilidad de injerencia y el uso del tiempo de vida disponible. De ahí la importancia de insistir en la necesidad de contar con mecanismos de institucionalidad libres de paternalismo, misoginia y desvalorización socioprofesional. Asegurar la suficiencia de los recursos para la implementación de estas acciones es esencial, tanto como lo es considerar de manera positiva el rol que asumen los gobiernos locales. Sin ser ésta la ocasión para una descripción exhaustiva, celebramos que la Secretaría finalizara su intervención con una cita de Gabriela Mistral, alusiva a ese “hemisferio humano” que constituye el tejido hilvanado de la red de colaboración en pos de la igualdad de género y la equidad entre los sexos.

La jornada de la tarde estuvo moderada por la ministra Mónica Zalaquett — del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de Chile— quien, sin haber resuelto la logística de los tiempos concedidos para cada presentación, se retiró después de una hora y media tras haber recibido un llamado del Presidente de la República solicitando su presencia. En términos generales si bien es cierto que, al hablar de la lucha por la paridad, el denominador común sigue siendo la categoría identitaria de “mujer”, hay luces de un avance en el compromiso por ampliar el concepto de género e instituir una participación plena y democrática que no solo contabilice, de manera proporcional, a las mujeres cisgénero, sino que comprenda a los pueblos originarios, la población migrante, afrodescendiente y a la población LBT* por medio de distintos mecanismos, como los escaños reservados.
En esa línea, de entre las presentaciones destaca el informe de la delegación de la República de Argentina. Entre las medidas, planes, acciones y políticas que buscan asegurar la igualdad de género se encuentran las políticas de carácter estructural y las medidas que contribuyen a aliviar las consecuencias de la crisis: la promoción al acceso efectivo a la justicia y el asegurar la experiencia de vida de mujeres, identidades trans* y no binarias libres de violencia, para lo cual se efectivizó, jurisprudencialmente, la consideración de la violencia con motivos de género como una violación a los derechos humanos fundamentales. Asimismo, se impulsó un programa de desarrollo social que acompaña en asistencia social y económica, cuyo diseño se basó en planes de cuidado, en consideración de una caracterización intersectorial y multisectorial que alientan la corresponsabilidad de género. Entre otras medidas, se propició de manera institucional la creación de organismos trans-travestis con miras a la toma de decisiones y se extendió la implementación del cupo laboral trans* (1% para población trans-travesti). Finalmente, junto a la promoción de la salud de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, de personas travestis, lesbianas y no binarias, se logró una medida histórica: la Ley que establece que el aborto es legal y gratuito. Lo que habla de un avance significativo en la efectiva ampliación de derechos, como respuesta a las demandas sociales. Camino que es, sin lugar a dudas, el que nuestro país debiera seguir, de manera diferenciada, en un futuro próximo.

En cuanto al contenido de las jornadas correspondientes a los días 24 y 25 de febrero, ambas llevaron a cabo un análisis en torno a la participación política que hoy en día tienen mujeres, diversidades, disidencias y, en general, personas pertenecientes a grupos históricamente relegados. Se discutió sobre la baja presencia en puestos de poder, de los avances y retrocesos del último tiempo y de la necesidad imperante de generar cambios que contribuyan a modificar dicha realidad. Se destaca particularmente la posibilidad que tiene Chile de crear la primera Constitución Política paritaria de la historia. En ese contexto, surgen datos de gran interés que podemos ver plasmados en el documento sobre Participación Inclusiva y Paritaria, elaborado para la Consulta Regional por ONU Mujeres. En el documento se critica la dificultad que tienen las mujeres para acceder a cargos de elección popular; pese a que actualmente muchos países de la región poseen un mecanismo electoral llamado sistema de cuotas, que tiene por objetivo garantizar una participación equitativa de géneros, sigue siendo una medida poco inclusiva que, por una parte, no altera la discriminación estructural y por otra, no asegura la paridad.

Por otro lado, se indica que hasta ahora la inclusión de las mujeres no ha sido integral, ya que se les invisibiliza en muchas formas y realidades, como es el caso de las mujeres rurales, migrantes, indígenas, afrodescendientes o pertenecientes a las disidencias y diversidades sexuales. De modo que el principal desafío que en la actualidad tienen los países radica, principalmente, en identificar aquellos factores que limitan la participación de mujeres y así lograr la creación de acciones afirmativas que amplíen la participación, asegurando la representación política de estas, desde un enfoque interseccional.

Otro ámbito que resulta preocupante y que es comentado en la primera parte de la jornada del día 24 de febrero, es la desestabilización económica que estamos presenciando, de la cual es consecuencia la urgente necesidad de generar una reactivación desde la esfera internacional. Para ello, es preciso impulsar medidas de cooperación entre los Estados, sociedad civil y organizaciones internacionales, medidas que, por cierto, deben tener como objetivo la independencia económica de las mujeres. Pues, como ya se ha mencionado, muchas han visto como dicha independencia se ha mermado de manera considerable, viéndose obligadas a retornar a sus hogares y volver a la alienación de las actividades domésticas no remuneradas. Por lo que, a juicio de la Mesa Directiva, se deben buscar soluciones que contemplen un crecimiento económico con perspectiva de género y con foco en el cuidado de las personas y el planeta que impidan que situaciones como las descritas sigan sucediendo.

Finalmente, es menester señalar que si bien se realizó una instancia donde se llegaron a acuerdos que tienen como horizonte la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática, esto no puede quedar en la simple formalidad. Al contrario, debe existir un cambio sustantivo que permita que las metas planteadas puedan materializarse. Debemos reconocer a las mujeres en todas sus formas y realidades, reconocer sus derechos y la significatividad de sus aportes a nuestra sociedad, sin olvidar transversalizar el género ampliando el marco categorial que vuelve visible la realidad de lesbianas, sujetos y sujetas trans*, no binaries, lesbianas y cuerpos feminizados. Es imperioso continuar los esfuerzos por comprender los fenómenos sociales e incidir en su campo de acción práctico mediante perspectiva crítica e interseccional, que nos permita transitar hacia una sociedad cuidadora, paritaria y democrática, sin asimilacionismos, reductivismos o paternalismos de ningún tipo.

 

REFERENCIAS

ONU Mujeres (2021). Hacia una participación paritaria e inclusiva en América Latina y el Caribe. Panorama regional y aportes de la CSW65. Recuperado de: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2021/02/consulta%20regional%20alc%20csw65%20(1).pdf?la=es&vs=2735

CEPAL (2021). 60a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Días 23, 24 y 25 de febrero. Temario, descripción y programa: https://www.cepal.org/es/eventos/sexagesima-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe

CEPAL-ONU Mujeres (2021). Compromiso de Santiago. Un instrumento regional para dar respuesta a la crisis del COVID-19 con igualdad de género. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46658/1/S2100047_es.pdf

 

Por Débora Fernández y Constanza Godoy – CERES Género y Subjetividades Trans

Esta columna es parte del esfuerzo de CERES a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Si te interesa saber más sobre los ODS, conocer lo que estamos haciendo para contribuir a la Igualdad de Género y/o colaborar con nuestro trabajo, puedes contactar con nosotros aquí.

 

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