CERES presenta informe sobre situación de los Derechos Humanos en Chile a la Comisión ACNUDH
Con ocasión de la convocatoria realizada por la misión de verificación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) a organizaciones y entidades de la sociedad civil chilena y en el contexto de las múltiples denuncias reportadas de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte del estado de Chile. El Centro de Estudios de la Realidad Social – CERES, en su profundo compromiso con la democracia y los derechos humanos, presentamos a la comisión un breve Informe de Situación sobre lo acontecido durante el estado de sitio.
CERES presenta a la Misión de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos un análisis sobre las capacidades institucionales para prevenir la proliferación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Argumentamos que los niveles de violencia de Estado observados durante las últimas semanas no son prevenibles bajo la institucionalidad vigente, y que el Estado de Chile necesita adecuar no sólo el comportamiento de sus agentes de orden y seguridad, sino reformar sus instituciones y fortalecer los mecanismos de monitoreo, con el objeto de dar cumplimiento a los pactos y convenios ratificados por el Estado de Chile.
Desde la declaración de Estado de Emergencia por parte del Presidente Sebastián Piñera, un total de casi 10 mil efectivos militares se desplegó en un total progresivo de 15 regiones. Durante este periodo, sabemos sobre 5 asesinatos cometidos directamente por las fuerzas armadas y de orden, a los que se suman 16 personas muertas en hechos de violencia que eran prevenibles por los efectivos policiales dispuestos en las zonas de conflicto.
Antes y durante el Estado de emergencia no hubo registro alguno de manifestantes armados, ni de saqueos realizados por células de crimen organizado. En lugar de ello, las protestas fueron autoconvocadas por redes sociales, de manera desorganizada, descentralizada y mayoritariamente pacífica. Nuestra institución evalúa que la inacción por parte de las autoridades policiales y militares frente a los saqueos e incendios fue selectiva e intencionada, y existen registros audiovisuales que soportan esta afirmación.
El actuar de la policía y los militares, en cambio, estuvo dirigido en contra de personas que se manifestaban pacíficamente o que ejercían de distintas formas su derecho a la libertad de expresión. El resultado de esta táctica es que en el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos se cuentan 1.305 personas heridas en hospitales, de las que 755 fueron heridas por armas de fuego. La misma institución ha presentado 120 querellas por torturas y 18 por violencia sexual, lo que incluye desnudamientos, amenazas y tocaciones.
Mientras que los hechos de violencia sexual y el uso de lenguaje ofensivo dan cuenta de que la formación en derechos humanos y de respeto a las diversidades de los agentes y colaboradores de las fuerzas de orden y seguridad son insuficientes, sus acciones en contra de observadores de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la sociedad civil, revelan que tampoco tienen respeto por la institucionalidad vigente. Las declaraciones de ambos ministros del interior sobre el actuar de la policía y los militares dan cuenta de que las autoridades civiles se hacen cómplices de su actuar.
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En relación a la autoria, el siguiente informe fue elaborado de forma integra por parte del equipo de profesionales del Centro de Estudios de la Realidad Social – CERES.
