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Nadie sabe para quién trabaja: el problema del elitismo en la gobernanza medioambiental

El 10 de julio se presentó en un foro de la Universidad Católica el ex ministro del Ministerio de Medio Ambiente (2014-2017), Pablo Badenier, para comentar sobre un novedoso proyecto de investigación[i]que busca saber si la protesta social tiene la capacidad de, al menos, retrasar la aprobación de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En su presentación, el ex encargado de la cartera medioambiental del gobierno de Bachelet, se refirió al rol de la protesta social en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Para Badenier su efecto es “marginal” dentro del proceso de evaluación de proyectos, lo que a su juicio no representa un problema, sino una virtud de un sistema que sólo funciona en base a “criterios técnicos”, y que, en definitiva, no se deja influenciar por las pasiones de personas que en su afán de oponerse a proyectos pueden no considerar los méritos técnicos de las propuestas. El rol de las autoridades medioambientales en este contexto sería el de mediar a través de un diálogo formativo, edificante y que no amenace las garantías que los inversores deben tener de parte de las instituciones del Estado.

A pesar de la trayectoria y experiencia de Badenier en el sector público, quisiera hacer algunos contrapuntos y precisiones. Sus declaraciones, polémicas y hasta valientes, dan cuenta de una mirada extremadamente elitista de la política en general, y del rol de los altos funcionarios públicos en particular. Y digo elitismo no en un sentido peyorativo, sino como una forma de comprender el rol del gobierno frente a las y los gobernados. Mudde y Kaltwasser definen elitismo como

“El elitismo comparte [la misma básica distinción dicotómica] de la sociedad, entre un ‘bien’ homogéneo y un ‘mal’ […] los elitistas creen que ‘el pueblo’ es peligroso, deshonesto y vulgar, y que ‘la élite’ es superior no sólo en términos morales, sino también culturales e intelectuales. Por tanto, los elitistas quieren que las políticas sean exclusiva o predominantemente un asunto de las élites, en el que las personas no tienen una voz; rechazan la democracia por completo [como Francisco Franco o Augusto Pinochet] o apoyan un modelo limitado de democracia [como Ortega y Gasset o Schumpeter]”

Mudde y Kaltwasser 2017, página 7

No quiero argumentar que una visión elitista de la política es inherentemente mala, sino evaluar esta visión según sus méritos para el gobierno en el Siglo XXI. Mientras que en el Siglo XIX se planteaba la instrucción pública como antídoto para la vulgaridad del pueblo, para volverlo más dócil y sofisticado, en la actualidad concebimos la educación, los procesos políticos y la participación en particular, como elementos interconectados, necesarios y bidireccionales. Es decir, la política se nutre de la participación e información ciudadana, y la ciudadanía consume y se informa de lo que ocurre en la política. Este ciclo de retroalimentación continua es lo que permite el funcionamiento de las democracias modernas en presencia de una ciudadanía cada vez más crítica e involucrada en los asuntos públicos[ii].

Este enfoque no es nuevo en absoluto. Ya en los años ’90 se discutía en Chile la gobernabilidad de los procesos políticos. Es decir, qué tanta adhesión y legitimidad concitaban las acciones del Estado, comprendiendo a las personas como soberanas y capaces de resistir, truncar y minar esfuerzos ilegítimos. El concepto de gobernabilidad dio paso a otro similar, el de gobernanza, que dice sobre la capacidad de articular las políticas públicas entre gobernantes, gobernados y partes interesadas para mejorar su diseño, implementación y legitimidad. Esto son sólo ideas del campo de las políticas públicas. En la teoría política, la idea de la soberanía del pueblo puede remontarse a Rousseau e incluso a Maquiavelo[iii].

Cuando se dice que la participación ciudadana en la evaluación de proyectos es y debe ser “marginal”, se está negando la potestad de las comunidades a decidir sobre lo que sucede en su entorno de habitación. Ello sería entendible viniendo de un lobista privado que busca instalar un proyecto industrial, pero no de un ex ministro de Estado. Si durante el ejercicio de su cargo Badenier tuvo esta idea sobre la participación y la opinión de las personas, resulta difícil saber en nombre de quién gobernaba la cartera medioambiental ¿pretendía proteger a las empresas privadas de la intervención popular? ¿consideraba que su rol de ministro consistía en gobernar las mentes y deseos de la ciudadanía? O, por el contrario ¿gobernaba para el pueblo y, en pos del beneficio colectivo, buscaba protegerle de su propia ignorancia? Sea como fuese, desestimar la participación es incompatible con las democracias contemporáneas, especialmente en la toma de decisiones sobre el uso del territorio, que involucra acuerdos de convivencia.

Estos acuerdos de convivencia no son menores: el Municipio de Cabrero, en la Región del Bío Bío, cuenta con 6 generadoras termoeléctricasque han envenenado el aire, el agua y el suelo, creando problemas generalizados de salud, muerte de cultivos y ganados. Conocida ya es la situación de Quintero-Puchuncaví, donde en 2011 se tuvo que trasladar una escuela para prevenir que los niños se envenenaran por la contaminación proveniente de las industrias instaladas en la zona. Hoy en día, 2019, aún se contabilizan casos de personas intoxicadas, además de generarse frecuentes emergencias ambientales por culpa de la contaminación. En Mejillones, la contaminación del aire ha generado problemas serios a la salud de las personas. En Chiloé, la instalación indiscriminada e irresponsable de salmoneras destruye el ecosistema local, amenaza el sustento de los pescadores de la zona y en 2016 provocó protestas en toda la isla. Dados los serios efectos que tiene la industria de producción sucia, especialmente en comunidades pobres, llama la atención que no exista esfuerzos para considerar más la opinión de las personas que están destinadas a convivir con industrias.

La ganadora del Nobel de Economía, Elinor Ostrom, ha demostrado que la administración local, comunitaria e interconectada de los bienes comunes es más eficiente que la regulación centralizada y la desregulación absoluta[iv]. Si bien la aplicación de su modelo a los conflictos socioambientales en Chile debe ser materia de un debate aparte, es importante recordar que el mundo avanza hacia la gestión sostenible y local de la economía, y que la academia y los gobiernos han actuado para adaptarse e incluso acelerar estas transformaciones, no detenerlas. Parece que, al menos en el caso de Chile, nadie sabe para quién trabaja.

Camilo García Cisterna

Director, CERES Política Social

 

[i]Más información sobre el Núcleo Milenio de Fundamentos de los Datos se puede encontrar aquí

[ii]Ver Welzel y Moreno 2014 para un análisis pormenorizado de la evolución de los valores democráticos de las personas y sus efectos. Norris 2011 conecta la capacidad crítica de la ciudadanía con la satisfacción con la democracia.

[iii]Maquiavelo escribió en Discursos sobre la primera década de Tito Livio que es el pueblo quien debe actuar como garante de la libertad, limitando a las élites que buscan la gloria a costa de esclavizar al resto.

[iv]Ver Ostrom 1990

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Esta columna es parte del esfuerzo de CERES a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Si te interesa saber más sobre los ODS, conocer lo que estamos haciendo para fortalecer la acción climática y la construcción de instituciones sólidas o colaborar con nuestro trabajo, puedes escribir al Director de nuestro departamento de Política Social a camilo.garcia@ongceres.cl, o a nuestro director de sostenibilidad a cristian.bustos@ongceres.cl.

 

 

 

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