Recientemente me tocó asistir a la segunda Conferencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), una coalición internacional de 40 países que vela por los derechos humanos de la diversidad sexual y de género. En esta conferencia se presentaron problemas, soluciones, buenas prácticas y se conversaron algunas metas. Más allá del contenido sustantivo de la reunión, que podrá se resumido mejor por sus organizadores en una memoria oficial, quisiera levantar una reflexión sobre el rol y la actitud de Chile, y proponer una respuesta, no desde el mundo del activismo, sino desde la academia.
Chile es Copresidente de la ERC, junto con Canadá. El encuentro al que asistí se desarrolló en Vancouver, pero tuvo la visita de nuestro canciller, Roberto Ampuero. Como Copresidente, Chile tuvo que abrir la conferencia con un discurso inaugural que, como todo discurso inaugural, debe marcar una pauta de ambición, metas y energía. Es un ritual político importante. La ejecución del ritual, sin embargo, dice mucho más sobre Chile que sobre el encuentro, mucho más sobre el carácter del gobierno de Sebastián Piñera y su coalición, que sobre la conferencia internacional que se estaba desarrollando. El canciller abrió su discurso con un largo (de verdad larguísimo) comentario sobre lo interesante que es el aeropuerto de Vancouver, prosiguió con palabras de buena crianza sobre la diversidad sexual, y cerró agradeciendo a los presentes. Pocos compromisos hubo. En contraste, el discurso de cierre de Canadá, dos días después, estuvo cargado de energía, autocrítica, desafíos, compromisos y llamados a la acción. Ningún comentario sobre el aeropuerto.
Ver a Chile defendiendo a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en la arena internacional resulta un espectáculo exótico. Sin duda, agradable de ver y con excelentes resultados: Chile ha sido parte de numerosas resoluciones reconociendo los derechos de la diversidad sexual, notablemente:
- La resolución A/HRC/RES/17/19 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que reconoce por primera vez de forma explícita los derechos de la diversidad sexual e instruye investigar sobre ellos.
- La resoluciónHRC/32/2, que mandata a un investigador independiente a documentar la situación de violación de derechos humanos de la diversidad sexual.
El país es, también, uno de los fundadores de la ERC. Hoy, como copresidente se ha encargado de una parte importante en la organización del evento que ocurrió a principios de agosto. Los memos de las reuniones de organización dan cuenta de que éstas ocurrieron en las inmediaciones de la embajada de Chile en Washington DC.
Entre las metas que el gobierno declara en su página web para las actividades de la Equal Rights Coalition, se encuentra la lucha contra la violencia hacia las personas LGBTI. Resulta curioso que, mientras en el ámbito internacional se levantan estas banderas, en Chile llevemos años de tramitación de la Ley de Identidad de Género, una herramienta que sin duda ayudará a reducir la violencia contra las personas trans; que sea este gobierno el que ha intentado eliminar la capacidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo en el proyecto de matrimonio igualitario; que en Chile aún estemos pendientes en una reforma a la ley antidiscriminación que permita contar con un instrumento real contra la vulneración de derechos de las personas LGBTI; que tanto este gobierno como todos los que le han precedido, hayan decidido hacer la vista gorda con respecto a la crisis del VIH. Hay muchas cosas que no hacen sentido.
Por supuesto que la rabia o la frustración nos podría llevar a pensar que el mejor camino para resolver estas contradicciones es la confrontación. Hasta cierto punto, ese es uno de los muchos roles que puede jugar la sociedad civil organizada. Organizaciones LGBTI en Chile hay muchas, y más de alguna podrá desempeñar esa función, pero también hay otros papeles. Una alternativa poco explorada en nuestro país es la investigación.
En uno de los paneles del encuentro, el Banco Mundial presentó sus indagaciones en países que pretenden ingresar a la Unión Europea. Estos países copiaron leyes europeas de inclusión de personas LGBTI con el fin de calificar para ingresar al conglomerado, pero no pusieron realmente mucho esfuerzo en cambiar la realidad social. Los datos que levantó en Serbia, por ejemplo, dan cuenta de una realidad muy cruda para las personas LGBTI: altos niveles de exclusión en educación y vivienda. El procedimiento que utilizaron fue sumamente sencillo: llamadas telefónicas para determinar quién resulta rechazado a priorien el proceso de búsqueda de vivienda o colegios.
Por supuesto que podemos tener muchas consideraciones metodológicas con los estudios, podemos discutir sobre los indicadores escogidos, podemos pensar muchas maneras de mejorar lo que se ha hecho. En concreto, tenemos pocos datos, muy pocos datos, sobre la prevalencia y los efectos de la discriminación en contra de las personas LGBTI. Esta ausencia de datos no sólo impide a quienes están interesados en generar políticas y acciones, hacerlo, sino que además abre la puerta al pink washing, es decir, usar la agenda de la diversidad sexual para verse mejor. Los datos desnudan estas realidades, las sacan a la luz, hacen evidente lo que de otra forma podría esconderse cosméticamente.
El Estado de Chile, a lo largo de distintos gobiernos, ha sido extremadamente hábil en posicionarse en la arena internacional como un fuerte defensor de los derechos LGBTI sin hacer un gran esfuerzo en la arena nacional. Los efectos de esta estrategia han sido tremendamente positivos a nivel internacional. Sin duda que las acciones de Chile han redundado en un mejor y más sano debate sobre los derechos humanos de la diversidad sexual. El desafío de nivelar los logros y la energía de la política nacional con los de la política exterior puede ser abordado a través de una agenda de investigación que revele datos concretos sobre muchas de las cosas que ya sabemos después de años trabajando con las comunidades LGBTI: la exclusión, la discriminación, la violencia y la falta de oportunidades.
Traer estos datos a la luz difícilmente detendrá la estrategia chilena en el extranjero, que responde a la generación de una imagen de país moderno e inclusivo. Por el contrario, le dará peso y coherencia. Esperemos que la próxima vez que un canciller se pare a hablar en una conferencia de derechos de la diversidad sexual, no tenga que detenerse a hablar sobre aeropuertos, sino que pueda presentar, sin vergüenza, los logros y desafíos de un país genuinamente moderno e inclusivo.
Camilo Garcia – Director CERES Política Social