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Mensaje por el día de los Trabajadores: «Reconstruir el Estado de Bienestar»

Este 1 de mayo de 2020 vivimos probablemente el día de las y los trabajadores más extraño que se haya experimentado en varias décadas. Mucho se dirá sobre las incomodidades y los efectos de corto plazo del COVID-19 sobre la economía. Mucho hablaremos sobre la forma que tomará la recesión que recién comienza, ¿será una caída pronunciada seguida de una rápida recuperación? ¿veremos una recuperación lenta e insuficiente para retornar a los niveles de crecimiento y empleo antes del coronavirus? Ciertamente son conversaciones y proyecciones necesarias que nos permitirán ajustar nuestras expectativas y planificar planes de emergencia para paliar el hambre y el desamparo de miles de personas que perdieron sus trabajos.

El 1 de mayo conmemoramos la lucha por la jornada laboral de ocho horas. En general, conmemoramos la lucha de las y los trabajadores por obtener mejores condiciones de trabajo y una remuneración justa por la riqueza que producen. En gran medida, las demandas que se levantaron a fines del  siglo XIX y a comienzos del XX no sólo se tradujeron en medidas en el campo del trabajo y las remuneraciones, sino también en la expansión de servicios y ayudas del Estado, financiadas con impuestos más progresivos (es decir, que quienes tienen más, contribuyen una proporción mayor de sus ingresos). El Estado de Bienestar es también hijo de las demandas laborales.

Las drásticas reformas que experimentó Chile en dictadura se orientaron a reducir la cantidad de beneficiarios de programas de bienestar del Estado. El objetivo, durante la dictadura y buena parte de la transición, fue focalizar las ayudas en personas que realmente las necesitaran. Si bien a simple vista parece intuitivo que, siendo los recursos escasos, estos se concentren en donde son más necesarios, resulta que los efectos de estas medidas no necesariamente redundaron en mejores servicios, servicios más eficientes o más bienestar para la población general. Las personas dentro de un sistema focalizado tienen que probar que son lo suficientemente pobres, para lo que tiene que existir un enorme aparato burocrático que evalúe la situación de cada familia; los sistemas focalizados generan problemas allí donde existen los límites de sus beneficios: si para acceder a un subsidio determinado necesito ganar menos de $200.000, ¿es que una persona que gana $201.000 ya no lo necesita? Finalmente, la fragmentación de beneficios dentro del sistema de bienestar aumenta la cantidad de trámites que tienen que hacer las familias para obtenerlos y, muchas veces, impide que los programas se articulen de manera efectiva, creando líneas paralelas de ayuda que no conforman una verdadera red de protección.

El efecto más notorio en estos tiempos es el de la mercantilización de las ayudas. Para acceder a muchos beneficios se requiere ser cotizante, aportar de manera regular a fondos para luego recibir servicios de salud, pensiones y seguros. Esto puede ser efectivo cuando el mercado laboral se encuentra funcionando óptimamente, cuando las y los trabajadores tienen herramientas efectivas para negociar sus contratos y cuando hay una fuerte protección contra las arbitrariedades. Si la protección de toda índole depende del mercado del trabajo y éste se desploma, con él se desplomará también la red de protección. Tampoco es como que Chile tenga un mercado laboral dinámico y protecciones para las y los trabajadores. Eso es un mito.

La crisis ocasionada por el COVID-19 nos llama a repensar, en este 1 de mayo, el tipo de protección que queremos recibir a cambio de nuestras contribuciones a la sociedad y al Estado. Es injusto que se exija a las personas que cobran un salario mes a mes que ahorren para una contingencia como la epidemia, pero que las empresas exijan salvatajes en circunstancias de que tampoco ahorraron. Es injusto que empresas que despiden trabajadores y reducen salarios, como LATAM y CENCOSUD, repartan al mismo tiempo dividendos millonarios a sus accionistas. Es injusto que el desplome del mercado laboral afecte el bienestar de quienes son más vulnerables y que no tengan ninguna alternativa a la que acudir. Es también peligroso, porque genera incentivos perversos: las personas tienen que elegir entre arriesgar sus vidas y las de sus seres queridos (y de la población en general), o arriesgar su sustento básico. Muchos de estos problemas no existirían en un sistema donde la recaudación del Estado fuese más justa, donde las ayuda del Estado fuesen protegidas de los vaivenes del mercado, donde el Estado de bienestar reconozca la condición humana de cada ciudadano y ciudadana, y no sólo de cada cotizante.

Desde CERES Política Social continuaremos trabajando por prácticas empresariales más responsables; por mejores regulaciones al mercado del trabajo; por mejores servicios del Estado, universales, de calidad y con un financiamiento justo. Así, la próxima pandemia no nos pillará desprevenidos.

Esta columna es parte del esfuerzo de CERES a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Si te interesa saber más sobre los ODS, conocer lo que estamos haciendo para fortalecer la acción climática y la construcción de instituciones sólidas o colaborar con nuestro trabajo, puedes contactar con nosotros aquí.

 

 

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