La pandemia por COVID 19 ha significado un desafío inmenso para las instituciones de salud, lo cual ha provocado que toda la atención de las cámaras que enfocan el espacio público se centren en la emergencia sanitaria, sin embargo, no todas las cámaras deberían enfocarse en esa dirección. La crisis del COVID 19 aparece como un problema principalmente de salud, pero esto no es así, las dimensiones de la crisis y sus repercusiones afectan muchas aristas de la realidad social. Luego de la discusión en el área de salud, el primer gran ámbito en el debate legislativo que se dio al inicio de la crisis, fue el tema laboral y sobre cómo este cambiaría con las medidas de distanciamiento social, así se gestó la discusión del teletrabajo, con un nivel de urgencia inmediata y rauda promulgación, donde la falta de integridad en la discusión fue la protagonista.
Pese a que existía una discusión desde el año 2006 sobre esta materia, debido a la promulgación de alerta sanitaria, se le dio discusión inmediata al tema en el congreso. La discusión se mantuvo en la directriz de que este era un avance positivo hacia la modernización del trabajo mediante el uso de tecnologías, tal como era el proyecto original del ejecutivo. Finalmente, lo que no pasó en 14 años, pasó en 7 días, logrando promulgarse en tiempo récord, pero dejando fuera parte importante de su complejidad.
La evidencia internacional daba señales de que el teletrabajo no es materia de una sola discusión. Esto quedó clarísimo en las primeras experiencias de trabajo en el hogar, en la que se denunciaron largas y extensas jornadas laborales, muchas veces sobrepasando el 50% de las horas normales de trabajo. En el caso de las mujeres, especialmente quienes cuidan niños y niñas, se enfrentaron a un panorama para nada desconocido en torno a la desigual asignación en las tareas del hogar, pero aumentado por la obligación de competir contra un doble “deadline”: el laboral y el escolar, este último, como consecuencia de acompañar a escolares en los procesos de elaboración de tareas y aprendizaje a distancia. Estas experiencias dejan catastrado que esta ley requiere de ajustes en función de las múltiples realidades de la población, como lo es la sobrecarga laboral, la necesidad de desconexión virtual del trabajo, entre otros asuntos.
Hemos llamado a esta forma de tramitar proyectos de ley: legislar “en el camino”, donde los/as encargados/as de tomar las decisiones legislan dada la contingencia, sin mantener una visión crítica de lo que hacen y sus consecuencias. Las discusiones se enmarcan en el protagonismo de cada parlamentario sobre quién tiene la razón a la hora de legislar y quien está más preocupado por la población. Estas leyes rápidas dan por resueltos problemas complejos, multidimensionales y que requieren respuestas multisectoriales. Los problemas que se ven exacerbados durante la pandemia no son nuevos, se arrastran desde hace décadas o siglos y no hay soluciones fáciles, no hay leyes cortas que nos permitan dar vuelta la página.
Una vez finalice lo peor de esta catástrofe; los problemas de salud mental, la violencia intrafamiliar, las enfermedades crónicas, la cesantía y las precarias condiciones laborales se verán intensificados, problemas sociales que de no ser enfrentados a tiempo con una política social efectiva, significarán un malestar punzante en una población devastada por una de las pandemias más complejas de la historia. El estallido y crisis de derechos humanos de fines de 2019 responde tanto a una crisis social profunda y de larga data, como a élites políticas y empresariales demasiado complacidas consigo mismas como para atender estas necesidades. En tiempos de pandemia, lo urgente no nos debe hacer olvidar lo importante.
Matias Astudillo – Sociólogo CERES Política Social
Benjamin Lang – Estudiante Sociologia CERES Política Social
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