Sin lugar a dudas, el proyecto de reforma al actual sistema previsional, enviado a trámite legislativo por el ejecutivo hace unos días e impulsado por el malestar de una parte importante de la sociedad chilena frente a la baja cuantía de las pensiones y sus tasas de reemplazo; ha sido uno de los temas que se ha tomado la discusión por parte de expertos y académicos, situando la necesidad de incorporar cambios al actual esquema, con miras al corto plazo pero bajo un horizonte de sostenibilidad (mediano y largo plazo), en un país donde los cambios demográficos de la últimas décadas, producto en parte de mejoras relativas en la cobertura de salud pública, han contribuido al aumento de la expectativa de vida. Del debate de los últimos meses, en relación a la seguridad social, resulta significativo referirse a la discusión acerca del carácter solidario y el rol de la sociedad, en contribución hacia aquellos que dimiten de la vida laboral activa.En la actualidad, nuestro país cuenta con un sistema previsional integrado por tres componentes esenciales: un mecanismo no contributivo constituido por el Pilar Solidario (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario, creada por la Ley 20.255) financiado vía impuestos generales, uno contributivo con cargo al trabajador y administrado por agencias privadas (Administradoras de Fondos de Pensiones, creadas por el DL 3.500), y costeado con cargo a contribuciones obligatorias, y un último componente de ahorro previsional voluntario (APV). El sistema cuenta con un total de 10.319.489 afiliados, de los cuales el 50,4% ha cotizado de forma continua durante 2016 (Ministerio de Hacienda, 2017), y administra un total de fondos que a la fecha ascienden a USD$ 190.072 millones equivalentes al 74.6% del PIB.
La media de las pensiones autofinanciadas del componente contributivo asciende a $ 214.848, y al incluir el mecanismo no contributivo (APS) estas alcanzan un promedio de $ 230.528 equivalentes al 85,4% de un salario mínimo. No obstante, aquello existen brechas relevantes entre diversos grupos de la sociedad, centrados en los niveles de ingreso medio y en las mujeres. Según el último Informe de Productividad elaborado por el Ministerio de Hacienda en conjunto al Ministerio del Trabajo, la mediana existente entre las pensiones autofinanciadas, desagregadas por género, dan cuenta de una mediana de $ 20.556 en mujeres y de $ 92.258 para los hombres; con diferencias importantes en las tasas de reemplazo, con valores de la mediana de la pensión total respecto del ultimo ingreso de 29% para las mujeres y de 52% para los hombres, lo que da cuenta de problemas de suficiencia en parte importante de los pensionados.
El motivo del bajo nivel de las pensiones y sus tasas de reemplazo, contrario a la percepción ciudadana que sindica a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) como las principales responsables, responde a una serie de variables relacionadas con: 1) la baja tasa de cotización, 2) la baja densidad de las cotizaciones, 3) bajos salarios, 4) disminución de las rentabilidades globales, y 5) el aumento en las expectativas de vida. Sin intención de ahondar en ellas, debido a la extensa disponibilidad de bibliografía y estudios existentes, resulta importante soslayar que el nivel de la tasa de cotizaciones previsionales, que en Chile asciende a 12,3% se encuentra bajo la media OCDE, la cual alcanza el 17.6% y del promedio de Latinoamérica de 14,2%.
El aumento en la tasa de cotizaciones con cargo al empleador, es una propuesta en línea con las directrices de seguridad social de otros esquemas internacionales (entre los que cuenta gran parte de los países de la OCDE); sin embargo, sus efectos no son inocuos sobre los costes de las firmas en el corto plazo, con las implicaciones correspondientes sobre el mercado laboral, lo cual ha llevado a discusiones en la opinión pública, acerca de sus consecuencias a nivel individual y macroeconómico. En este punto, se ha planteado que el aumento de la tasa de cotización previsional del 5%, con cargo al empleador, puede considerarse como un impuesto al trabajo, ya que es común que imponer a los empleadores el financiamiento de beneficios sociales, y que estos dependan de la existencia de trabajo (bajas tasas de desempleo), encareciendo el empleo, y reduciendo la demanda de las firmas por trabajadores.
Si bien lo anterior resulta hasta cierto punto cierto, dicho razonamiento obvia cuestiones elementales en una economía, tales como la elasticidad de empleo-salarios agregada, así como también los efectos de los incentivos de los beneficios incorporados sobre los trabajadores, en términos de comportamiento y productividad. Por tanto, los modelos y simulaciones que busquen proyectar sus consecuencias y efectos, han de considerar dichas variables, así como también aquellas relacionadas con la implementación, ya sea si esta es inmediata o gradual (de ser así, incorporando el universo temporal de la misma).
En síntesis, la evidencia del efecto de las propuestas que incorpora el proyecto de reforma al sistema previsional, como la gradualidad de su incorporación, no suponen un impacto significativo sobre los costes de las firmas, y sus implicancias sobre la empleabilidad del mercado laboral chileno. No obstante, estos distan de ser inocuos para la economía en un esquema temporal de corto plazo. Sin embargo, la evidencia internacional sindica los efectos positivos de este tipo de esquemas sobre el ahorro privado en el mediano plazo, junto al aumento de bienestar en términos de ingreso de los actuales y futuros pensionados, por tanto, parte importante de la discusión ha de centrase en la forma y mecanismos que atenúen los efectos de corto plazo sobre los costes de las firmas, teniendo por objeto garantizar el acceso a pensiones de calidad y que respeten la dignidad de los trabajadores en retiro.
Cristián Bustos – Director CERES
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