Derechos Humanos, Legislativo, LGBTI, Política, POLSOC

Notas sobre el proyecto de Matrimonio Igualitario

El siguiente documento ha sido enviado jefes de gabinete de todos los partidos políticos representados en el congreso y discutido con miembros de partidos políticos clave en la discusión de este proyecto de ley. Actualmente el artículo 102 del Código Civil indica que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.

El proyecto presentado contempla:

  • Permitir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio
  • la opción de que las nuevas parejas casadas del mismo sexo puedan adoptar.
  • Además se permitirá el acceso a técnicas de reproducción asistida a parejas de mujeres y no solo al hombre y la mujer como señala la ley actual, pero no se realizan mayores cambios al sistema de adopciones.

Es la posición de nuestra institución que, al igual que los heterosexuales, muchas personas lesbianas, gays y bisexuales quieren formar relaciones largas y estables. Y muchas de ellas logran efectivamente formar lazos profundos y compromisos afectivos. Tanto heterosexuales como no heterosexuales deben enfrentar procesos similares en lo que concierne a la intimidad, el amor, la lealtad y la estabilidad. Estudios empíricos demuestran también que parejas homosexuales tienen niveles de satisfacción por estar en una relación similares o mayores que parejas heteroexuales.

Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana. Pero además las leyes tienen un rol moral. Aunque una determinada conducta no es necesariamente inmoral, simplemente por ser considerada ilegal en un lugar o un tiempo de la historia, sí tiene una fuerte relación con lo considerado correcto por la sociedad de un país. Por ejemplo, robar es ilegal, luego las personas entienden que robar es malo. De esta forma la negación del derecho a casarse refuerza el estigma hacia las personas LGB[1].

La exclusión legal a personas lesbianas, gays y bisexuales tiene efectos que trascienden los efectos directos de las leyes. Considerar las relaciones entre personas del mismo sexo como anómalas o indignas de recibir igual protección y apoyo del Estado habilita, por ejemplo, el bullying en los colegios y los casos de violencia homofóbica, los cuales han ido en aumento en nuestro país[2]. Un primer efecto positivo, indirecto e inmediato de la aprobación del matrimonio igualitario es el aumento en el bienestar de las personas LGB por la disminución de la discriminación, particularmente en entornos más vulnerables, como en salas de clase[3], en donde las tasas de suicidio son 4 veces más elevadas para los jóvenes LGB.

El impacto de la aprobación del matrimonio igualitario en parejas del mismo sexo y sus familias a nivel internacional ha sido positivo y profundo. Varios estudios han demostrado beneficios en la salud mental y física debido al apoyo moral, económico y social otorgado a las parejas casadas. De la misma forma, evidencia empírica reciente ha demostrado los efectos psicológicos dañinos de políticas que restringen el matrimonio a parejas del mismo sexo. Parejas del mismo sexo en uniones legales son más probables de mantenerse en una relación de compromiso que aquellos que se les niega los derechos al matrimonio (Balsam et al., 2008; Kurdek, 2004).

Al día de hoy no se puede negar la existencia de familias homoparentales de hecho, es decir, que hoy existen familias compuestas por una pareja de personas del mismo sexo con uno o más hijos. Estas son familias que, tal como demostró el caso de la Jueza Karen Atala, se ven profundamente afectadas, y a veces divididas, por la falta de reconocimiento. Actualizar la legislación para hacerse cargo de esta realidad no sólo mejorará el bienestar de los adultos, sino que también entregará reconocimiento, beneficios sociales y apoyo a niños, niñas y adolescentes cuyas familias hoy se encuentran fuera del modelo ideal establecido por la ley.

El matrimonio hace a las personas más estables financieramente, lo que supone un aumento en el bienestar familiar, posiblemente reduciendo en el mediano plazo la cantidad de personas que necesitan de asistencia del Estado. En consecuencia, legalizar el matrimonio igualitario permitiría al gobierno ahorrar cientos de millones de pesos por año en protección social y mejorar los niveles de gasto por parte de individuos LGB que acceden al régimen matrimonial.

 

Niños adoptados por parejas homoparentales han mostrado estar a la par con niños de parejas heterosexuales en su ajuste psicológico, habilidades cognitivas y funcionamiento social. Parejas del mismo sexo son capaces de proveer un ambiente seguro y de apoyo para el desarrollo de los niños. (Patterson, 2007; Fulcher et al., 2006; Tasker, 2005). Considerando estos antecedentes, el influjo de miles de parejas del mismo sexo que podrán tener la posibilidad de adoptar, podrá quitar presión al sistema de protección de menores.

 

Camilo García – Director CERES Política Social

 

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[1]http://www.apa.org/news/press/releases/2008/11/glbt-stress.aspx

[2]http://www.movilh.cl/un-28-aumentaron-las-denuncias-y-casos-por-homofobia-y-transfobia-en-chile/

[3]https://edsource.org/2015/marriage-ruling-may-boost-school-climate-for-lgbt-families-and-students/82395

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