«La voluntad del saber».
Con este nombre Foucault tituló el primer volumen de Historia de la sexualidad. En esta magistral obra académica, el autor establece una línea de tiempo para reconocer el porqué de nuestras prácticas sexuales, situando a la época victoriana (siglo XIX) como la matriz de la sexualidad moderna. Logra sustento en base a un discurso pastoral católico que deslegitima toda práctica alejada de la familia conyugal binaria, discurso que, según el autor, expulsa de la realidad las prácticas sexuales no sometidas a la economía estricta. Economía dominante desde la revolución industrial con necesidad de producción y reproducción. Quien no pueda reproducirse será silenciado.
Tras dos siglos de esta cosmovisión sexual hegemónica, lograr códigos laxos no ha sido una tarea fácil, sino más bien una lucha ardua que aún no termina. La erradicación de tabúes sexuales no tiene más de medio siglo y los estigmas que siguen presentes son causados por una deficiente educación sexual.
¿Cómo ser conscientes si no nos concientizan?
El Proyecto de Ley de Educación Sexual Integral (ESI), plantea una reestructuración de la Ley 20.418 sobre Educación Sexual en Chile, promulgada el año 2010. Se trata de un proyecto que descansaba en el Congreso desde el 2019, el que finalmente fue abordado durante el pasado mes de octubre, y terminó siendo rechazado por no alcanzar el quórum requerido.
Los derechos sexuales y reproductivos, forman parte de los derechos humanos de todes y deben ser garantizados por parte de los Estados. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo reconoció los derechos reproductivos y la importancia de la sexualidad en 1994, es decir, hace ya 26 años. El 2013, el mismo organismo desarrolló un proyecto conocido como el Consenso de Montevideo, al que suscribieron los países de América Latina y el Caribe, con el compromiso de generar proyectos y políticas públicas que cumplieran con los estándares propuestos en distintas materias relacionadas con el desarrollo de la población, entre los que se contaban los derechos sexuales.
Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos en Chile, se alude a aquella perpetrada por agentes de Estado, en contextos como dictadura, Wallmapu o el estallido social. Pero se ignora que la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, también incurre en una violación a los derechos fundamentales.
A pesar de que Chile es uno de los países firmantes del Consenso de Montevideo, durante una reunión convocada para la revisión de los avances en 2018, el Gobierno no envió a ningún representante para compartir sus reportes en las materias correspondientes. Lo anterior, en el marco de una creciente tasa de personas notificadas viviendo con VIH, que viene arrastrándose desde 2017.
Según el Ministerio de Salud, el primer caso de VIH en Chile data de 1984. Desde ese entonces el virus ha tenido un incremento desmedido en el país y en el mundo, lo que ha activado alarmas en la comunidad internacional y nacional para su erradicación. A nivel mundial, los datos de ONUSIDA estiman que, en 2019, 1,7 millones de personas contrajeron VIH, 38 millones viven con el virus y 690 millones murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. Chile integra el 0,2% de los casos activos a nivel mundial, cifra que equivale a 71.000 personas.
Expuesto el anterior panorama, el rechazo al Proyecto de Ley ESI, incurre en una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, pero también en una falta de compromiso del Gobierno con este Proyecto de Ley, respecto al acceso a la información.
El auge de los movimientos sociales a gran escala, desde distintas veredas y con el asentamiento del feminismo como eje central, han permitido una discusión mucho más transparente respecto a temáticas relacionadas con la salud sexual, la integración, el reconocimiento y la no discriminación hacia las disidencias sexuales. Sin embargo, incluso con la discusión presente en diversos sectores de la sociedad, los avances han sido casi nulos.
La píldora azul
Profilaxis pre-exposición (PrEP) es una combinación de medicamentos (tenofovir y emtricitabina), conocido comercialmente como TRUVADA. Es utilizado como tratamiento preventivo para el VIH. Su uso está destinado a personas que practican conductas de riesgo y/o tienen altas probabilidades de contraer el virus. En Chile se comenzó a administrar desde el año pasado en nueve centros de salud, con el fin de llegar a un total de 5.000 personas. No obstante, según las cifras entregadas por ONUSIDA, solo 254 personas estarían accediendo a la “píldora azul”. ¿Por qué? Generar políticas públicas como la entrega del PrEP no logra ser eficiente si no existe una educación sexual que nos permita establecer nuevas normativas en nuestro imaginario, que se desprendan de la estructura victoriana. Es determinante que impere una reestructuración en nuestra educación sexual para que no se vulneren los derechos fundamentales y tengamos no solo voluntad de saber, sino también una respuesta competente por parte del Estado y los organismos que se desprenden de él, encargados de entregar dichos conocimientos.
Escrito por: Felipe Mardones e Ignacio Núñez.
Referencias
