HONORABLES CONVENCIONALISTAS CONSTITUYENTES (video https://bit.ly/3xus4kr)
Mi nombre es Felipe Fontecilla Gutiérrez, soy Licenciade en Ecología Humana del College of the Atlantic y vengo en representación del Centro de Estudios de la Realidad Social ONG CERES. Desde el 2014, estamos trabajando en la profundización de la democracia a través de la investigación y de la construcción de canales de incidencia en el desarrollo de política pública. El día de hoy, vengo a compartir con ustedes nuestras perspectivas en materia de medioambiente y cambio climático, a partir de los resultados de los proyectos que llevamos ejecutando desde el 2019.
Me gustaría comenzar agradeciendo por la oportunidad de estar acá el día de hoy. Soy gay, no binario y hace 48 años mi abuelo fue tomado preso por la Dictadura militar de Augusto Pinochet. Las oportunidades de participación para personas como yo, en el proceso de construcción de política pública, han sido limitadas, nuestras identidades invisibilizadas y nuestros cuerpos cuestionados. El tener hoy un proceso constituyente que nos abra las puertas de participación es un símbolo fundamental de la construcción de un nuevo Chile, diverso e inclusivo, que permita el involucramiento de personas con identidades diversas en los distintos temas relevantes para la construcción de nuestra carta magna.
Los desafíos que supone el cambio climático incluyen procesos de transformación social, cultural y económica, y nos obligan a replantearnos los fundamentos que guían el proceso de desarrollo de nuestra sociedad. No obstante, y a pesar de todo lo que sabemos, aún quedan muchas interrogantes abiertas sobre cómo estos procesos impactan a comunidades que están en la primera línea de impacto del cambio climático ─como lo son comunidades insulares, costeras, en zona de sequía─ y a poblaciones históricamente marginalizadas que se ven también desproporcionadamente afectadas por la crisis climática ─mujeres, pueblos originarios, migrantes, la comunidad sexo-género disidente y jóvenes, por mencionar algunos─. De la misma manera, aún no hemos tenido respuestas claras sobre los principios que guiarán estos procesos de transformación.
El trabajo que llevamos realizando desde 2019 en el Centro de Estudios de la Realidad Social y que vengo hoy a compartir con ustedes se enfoca en tres áreas. Por un lado, la situación actual sobre las capacidades de los jóvenes para enfrentarnos a la crisis climática, por otro lado, el impacto desproporcionado de la crisis climática en la población sexo-género divergente (LGBTIQ+) y, finalmente, el proceso de transición socioecológica en materia energética desde la perspectiva de la justicia climática. Esperamos que las perspectivas que traemos, puedan ser incluidas en las discusiones sobre el articulado de la nueva Constitución chilena y permitan construir un Chile más justo e inclusivo que considere las necesidades y realidades de estos grupos en los desafíos climáticos.
I. JÓVENES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Es indudable que somos las nuevas generaciones quienes experimentaremos en profundidad los impactos del cambio climático, las sequías, la desertificación, la pérdida del borde costero, la escasez hídrica, el aumento en frecuencia y escala de eventos climáticos extremos y, por tanto, seremos nosotros quienes nos enfrentaremos a las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy en día. No obstante, el sistema político y legislativo imperante continúa perpetuando el adultocentrismo y nos deja fuera de la toma de decisiones y del desarrollo de política pública. De la misma manera, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para incluir el cambio climático en la malla curricular, el sistema educativo vigente continúa sin integrar de manera transversal la temática a través del currículo, dejándolo segregado a unidades dentro de ciertas asignaturas. En la educación superior, continuamos viendo un sistema que entrena a las, los y les jóvenes para participar de la economía extractivista y no desarrolla capacidades que nos permitan enfrentarnos a los desafíos que la crisis climática supone para nosotros.
En nuestro trabajo con jóvenes hemos visto que, a pesar del interés que existe en la población juvenil por trabajar en las temáticas climáticas y de las habilidades profesionales que poseemos, nos vemos muchas veces forzados a limitar nuestro trabajo al activismo a través de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, que muchas veces no cuentan con los recursos financieros necesarios para sostener el trabajo y para entregar oportunidades remuneradas, para que efectivamente las, los y les jóvenes profesionales podamos dedicarnos a tiempo completo a este trabajo. En su lugar, tenemos que participar del mercado competitivo basado en un sistema capitalista y extractivista. Asimismo, hemos visto que los jóvenes interesados en participar del proceso de desarrollo de política pública, muchas veces no poseen los conocimientos y habilidades cívicas o técnicos para participar efectivamente en los procesos de construcción de esta política.
Entre 2019 y 2021, hemos visto un incremento significativo en la participación juvenil en el proceso de política climática, a través de espacios como la “Mesa Temática del Senado por la Acción Climática Joven”, la “Red de Jóvenes por el Clima”, las “Juventudes COP” y la “Academia de Jóvenes Futuro”, por mencionar algunos, y ha sido un proceso de constante capacitación para que las, los y les jóvenes puedan participar en el desarrollo de política climática que, en muchas ocasiones, ha tenido que comenzar por explicaciones básicas sobre el funcionamiento del sistema legislativo chileno, algo que esperaríamos existiese en nuestro sistema educacional.
Las transformaciones en los sistemas educativos, para que estos aseguren el desarrollo de capacidades para los empleos del futuro, tienen que comenzar por el reconocimiento de las, los y les jóvenes como seres capaces de tomar decisiones y de participar en el espacio cívico. Una perspectiva que desafía el modelo político adultocentrista y que pone en el centro los derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes. Un sistema que valora nuestras voces y nos reconoce como interlocutores válidos para el proceso político.
Vemos la nueva Constitución como una oportunidad para garantizar el derecho a la participación de niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, así como también de garantizar nuestra protección y la protección de nuestros derechos frente a los impactos del cambio climático.
II. CAMBIO CLIMÁTICO Y LA COMUNIDAD LGBTIQ+
Una de las áreas menos exploradas en la investigación son los impactos diferenciados del cambio climático en la población sexo-género divergente. El estrés de las minorías sexuales y de género es uno de los elementos que más se puede encontrar en la literatura, pero desconocemos estudios que vinculen de manera directa el cambio climático con el déficit psicosocial que afecta a la población sexodivergente. No obstante, la crisis sanitaria del COVID-19 nos permite inferir que el cambio climático y las crisis asociadas acentúan los niveles de desigualdad expresados en el aumento del estrés de minorías sexuales y de género.
Usualmente el estrés de las minorías sexuales y de género está referido a las consecuencias psicosociales de vivir en sociedades patriarcales, heteronormativas, cisexistas y basadas en el binarismo de género.
Numerosos estudios han constatado y analizado las consecuencias del COVID-19 en la población sexodivergente. Se habla, por lo general, de una agudización de la desigualdad; uno de los fenómenos que saltó a la vista durante los primeros seis meses de la pandemia fue el fenómeno del retorno obligado a hogares hostiles, en los que se dan dinámicas de violencia, abuso, discriminación, no reconocimiento y cuadros de deterioro psicoanímico agudo. Esto es vinculable con el fenómeno del sexilio. Decidir irse de la casa y del país a causa de estas dinámicas ha sido un denominador común para lesbianas y personas de género variante.
El estudio Consecuencias psicosociales del COVID-19 en la población LGBIT+ realizado por la Universidad Andrés Bello, demuestra que las áreas que más han afectado a la comunidad LGBTIQ+ son, en orden de incidencia de más prevalente a menos prevalente: (1) la pérdida de oportunidades de empleo, (2) la pérdida de oportunidades académicas, (3) la suspensión de tratamientos médicos, (4) el abandono de estudios, (5) la pérdida de empleos, (6) el hostigamiento/homofobia/transfobia/bifobia/lesbofobia, y (7) la violencia intrafamiliar.
Si bien podemos inferir que estas mismas áreas se podrían ver impactadas por la crisis climática, aún falta investigación que nos permita constituir datos que informen el desarrollo de política climática género-responsiva que incluya a la comunidad LGBTIQ+ y, en particular, que reconozca los impactos diferenciados en personas transgénero y no binarias. Hoy en día, la política climática género-responsiva que Chile ha ido desarrollando termina en la inclusión de las mujeres cisgénero, sus necesidades y realidades. Un avance innegable en la materia, pero que no obstante continúa invisibilizando nuestras realidades como personas sexo-género divergentes.
La nueva Constitución de Chile debe incluir a la población LGBTIQ+ en todas sus áreas y permitir, de esta manera, vehiculizar la inclusión de nuestras identidades en el desarrollo de política climática, acabar con un sistema político patriarcal, heternormativo, cisexista y basado en el binarismo de género, y transitar a un sistema inclusivo que reconozca y respete las identidades sexo-género divergentes, protegiendo nuestros derechos y entregándonos las herramientas legales necesarias para velar por ellos.
III. TRANSICIÓN JUSTA:
*Los puntos a continuación fueron tomados de: RABÍ, Violeta; PINO, Felipe, y FONTECILLA, Felipe Transición Justa en Latinoamérica: De la Transición a la Transformación Proyecto Transición Justa en Latinoamérica (TJLA), Coordinado por ONG CERES, CEUS Chile, y ONG FIMA, Santiago, Chile, 2021.
A pesar del actual reconocimiento por parte de la comunidad científica de la responsabilidad de las sociedades intensivas en carbono, en el proceso de cambio climático que amenaza toda la vida en la tierra (IPCC, 2018) y de la existencia del Acuerdo de París para mantener el calentamiento de la temperatura promedio del planeta muy por debajo de los 2°C con respecto de los niveles preindustriales, hemos sido testigos de cómo fricciones político-económicas, han producido un retraso excesivo en el proceso de transición hacia economías bajas en carbono (CEPAL, 2020).
En el año 2021, el sector energético ─que engloba las energías utilizadas en la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y la pesca, así como también las “emisiones fugitivas” en generación y combustión de combustible sin alocación─ contribuyeron con el 73,2% del total de emisiones de gases de invernadero totales (Our World in Data, 2021). Si bien la presión y la lucha incansable de organizaciones y defensores ambientales alrededor del mundo han logrado que la demanda global de carbón haya disminuido desde el año 2015, las relaciones de poder se mantienen estables y aún no estamos cumpliendo con los plazos que nos exige la ciencia (IPCC, 2021).
A nivel global, Latinoamérica ha sido históricamente utilizada como territorio de extracción por empresas transnacionales. La extracción y quema de carbón siguen siendo subsidiadas en muchos países latinoamericanos; instituciones financieras y bancos de desarrollo siguen apoyando proyectos basados en combustibles fósiles como soluciones energéticas (Heinrich Böll Stiftung, 2020). Asimismo, inversiones de grupos canadienses, norteamericanos, noruegos y australianos que hoy se realizan en países como Chile, Bolivia y Argentina, son las principales firmas que sustentan el financiamiento de la minería.
Esta relación “neo-colonial”, forma parte importante de los medios de vida de muchas comunidades a lo largo de la región, cuyas economías llevan siglos dependiendo de actividades extractivistas destinadas a satisfacer la exagerada demanda global de bienes naturales e impidiendo la superación del modelo fósil. En el marco de esta dependencia económica, cultural y política, se promueve la mantención de la desregulación ambiental en nuestros territorios, con el fin de hacer aún más rentable estas actividades de inversión extranjera, sin importar su contribución al calentamiento global, los límites planetarios, ni la propagación de conflictos socioambientales.
Las condiciones de esa transición ─para qué, con quiénes y para quiénes─ siguen forjándose a partir de las relaciones de poder actuales, y no necesariamente con una planificación dirigida hacia la calidad de vida de las personas y los ecosistemas. Así, la oportunidad de mitigar y postergar los efectos del cambio climático presenta el riesgo de caer en las mismas lógicas que han perpetuado la desigualdad e injusticia ambiental. Los programas de transición energética corren el riesgo de ser capturados por grupos empresariales y gobiernos estrechamente vinculados a la crisis climática, los que podrán limitar la ambición y efectividad del proceso, con el fin de asegurar sus propios intereses políticos y económicos.
Así, ante la acelerada movilización de capitales globales hacia una transición energética, en Latinoamérica urge profundizar sobre qué condiciones queremos llevar a este proceso, o, en otras palabras, reflexionar sobre qué entendemos por una Transición Justa (TJ). Esto implica apropiarnos de este concepto acuñado en Norteamérica y Europa, para reinterpretar sus principios desde nuestras realidades. Realidades de zonas de sacrificio, de pobreza energética, de desigualdad e inequidad, donde las cargas y los beneficios de la industria y su impacto aún están repartidos de manera desigual a lo largo de nuestra población.
Por ende, en Latinoamérica, la TJ plantea una transición energética que transforme las relaciones de poder entre los grandes emisores y el resto del mundo, para detener el avance y profundización de los conflictos socioambientales en los territorios. Del mismo modo, busca potenciar los procesos de restauración ecológica, la soberanía energética, una democracia participativa y el respeto irrestricto a los derechos humanos, reconociendo y prestando especial atención a los grupos usualmente excluidos y vulnerados en la región, tales como los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres, las disidencias y los pueblos indígenas.
Para ello, el cambio tecnológico hacia fuentes renovables debe traducirse en una oportunidad para transformar nuestro modelo económico hacia uno que permita el respeto a los límites planetarios, una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas y los ecosistemas, la creación de empleos dignos y un desarrollo local basado en la autodeterminación de los pueblos que tenga como centro el buen vivir.
La nueva constitución debiera asegurar que esta transición incluya principios de una transición justa:
Democratización, participación y derechos humanos:
● Las comunidades y territorios deben participar de la toma de decisiones respecto a la transición.
● Existencia de instancias resolutivas/vinculantes de la participación.
● Inclusión de diversos actores: trabajadores, mujeres, pueblos indígenas, universidades, empresas y Estado.
● Respeto irrestricto a los derechos humanos durante la transición, especialmente Pueblos Indígenas, y derecho a la consulta.
Soberanía y descentralización:
● Autonomía: que sean los territorios los que deciden cómo, para qué y para quiénes producir energía.
● Autogestión: mayor rol e incidencia de las comunidades para la generación de energía a nivel local.
● Procesos productivos con identidad territorial: que la matriz se adapte a la escala de los territorios.
● Capacidades: producir la tecnología necesaria en los propios países para no importar los materiales, y formación de los trabajadores para participar del proceso.
Reparación y restauración:
● Tomar en cuenta los daños durante el desarrollo energético y restaurar el medioambiente, quitando pasivos ambientales.
● Generar compensaciones económicas a comunidades y a trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por la transición.
● Erradicar las zonas de sacrificio.
Equidad:
● Que resuelva los problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable y asequible.
● Que los territorios en donde se instalan proyectos de energía, se beneficien de su generación, abasteciendo a las localidades y entregando trabajo.
● Evitar la creación de nuevas zonas de sacrificio asociadas a impactos de las energías renovables y la extracción de minerales necesarios para la transición.
● (Re) Distribución de la riqueza.
Transición planificada:
● Proceso de descarbonización que evite pérdidas de empleos de trabajadores y trabajadoras y el desarrollo de las comunidades.
● Las energías renovables deben evitar impactos socioambientales en su instalación.
● Evitar megaproyectos durante la transición.
● Implementar un plan de diversificación de matrices energéticas.
● Cumplimiento de una evaluación ambiental exigente y seguimiento mediante fiscalizaciones.
● Gestión de los desechos que provocan las energías renovables.
Potencial para una transformación socio ecológica:
● Dejar de subsidiar combustibles fósiles y depender del extractivismo: cambiar el modelo productivo a otras actividades y de mayor complejidad.
● Necesidad de disminuir la demanda por energía.
● La instalación de energías renovables no es suficiente: se necesita cambiar la propiedad, control, escala y objetivos de los proyectos.
● Reconexión con formas ancestrales de relacionamiento con la naturaleza.
● Evitar el capitalismo verde y las falsas soluciones: biodiesel, fracking de gas, incineradores.
● Transición Justa como cambio civilizatorio.
Referencias:
*Los puntos a continuación fueron tomados de: RABÍ, Violeta; PINO, Felipe, y FONTECILLA, Felipe Transición Justa en Latinoamérica: De la Transición a la Transformación Proyecto Transición Justa en Latinoamérica (TJLA), Coordinado por ONG CERES, CEUS Chile, y ONG FIMA, Santiago, Chile, 2021.
IPCC. (2018). Summary for Policymakers. En: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
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