LGBTI

IDAHOT 2021: Ante la desprotección de las identidades sexodiversas, el cuidado y la garantía de derechos.

En este día internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia, en la que conmemoramos la eliminación de la categoría “homosexualidad” de la lista de patologías mentales por parte de la asamblea general de la Organización Mundial de la Salud (1990) es importante relevar que, a pesar los de avances en materia de derechos LGBTIQ+, existe una situación de vulneración amplificada de la población de la diversidad sexual y género (CIDH, 2020) a causa de la crisis sanitaria del COVID-19. Vulneración que empobrece la calidad de vida de las comunidades disidentes sexuales al exponerlas constantemente a niveles sobresalientes de vulnerabilidad, exclusión, estigma y prejuicio social.

 

La pandemia ha puesto en riesgo derechos de personas trans* y género diverso. A pesar de ser temas que son parte de la agenda política y legislativa, se ha evidenciado una sustantiva desprotección de parte de las políticas gubernamentales, obstaculizándose el desarrollo de acciones y políticas públicas orientadas a establecer garantías que a través de medidas que basadas en la prevención, sanción y erradicación protejan a las personas afectadas de aquel círculo de violencia para el cual la discriminación y los crímenes de odios por motivos de identidad de género y orientación sexual son un eslabón central.

 

Así como la histórica invisibilización de la cultura LGBTIQ+, esta desprotección opera a través de políticas y dispositivos enrevesados que adoptan una disposición no siempre fija. Por un lado, observamos una modalidad pasiva de la desprotección encausada por la nula voluntad de promover y fortalecer de manera comprometida los avances de la producción cultural y del reconocimiento de derechos sociales. Esto se ve reflejado en acciones y disposiciones concretas. Desde el inicio a la fecha en el contexto de la pandemia y crisis sanitaria podemos enumerar las siguientes. (1) A cuatro meses de promulgada la ley de identidad de género (LIG), el registro civil se negó a realizar trámites de cambio de nombre registral excusándose en la falta de funcionarios públicos. (2) Las personas viviendo con VIH vieron obstaculizados sus controles y tratamientos antirretrovirales, sus toma de exámenes, algo similar sucedió con las personas trans* quienes vieron suspendidos sus tratamientos hormonales. (3) Otro caso fue la vulneración de los protocolos de confidencialidad de las personas viviendo con VIH en la campaña de vacunación contra el COVID-19. La respuesta ministerial para el resguardo del diagnóstico de la patología GES-18 fue ambigua y desprolija, al punto en que si bien si bien hubo un pronunciamiento sobre la materia este no se condijo con la práctica de los Centros de Salud Familiar.

 

Por otro lado, la desprotección activa es aquella que podemos ver reflejada en acciones que instituyen la inacción y el desconocimiento de manera directa e institucional. En noviembre del año pasado el actual gobierno informó su determinación frente a los indicadores de la diversidad sexual en la encuesta CASEN 2019-2020. El no levantamiento de datos oficiales sobre orientación sexual e identidad de género, no solo entorpece sino que impide de facto la creación de políticas y focalización del gasto público destinado a subsanar tales problemáticas. Esto es así ya que dado el conjunto de relaciones que valoriza y la disposición de trabajo técnico que movilizan los análisis de datos estos son, en última instancia, rrescatables. El hecho de que en el mismo periodo a se informara que la la encuesta de Bienestar Social, que es aquella que permite medir la satisfacción  en razón de su calidad de vida, tampoco consideraría las variables de orientación sexual e identidad de género, demuestra que se trató de una decisión concertada cuyas consecuencias afectan de manera negativa a una población que ha sido históricamente vulnerada.

 

Lo anterior gráfica un desinterés activo de parte del actual gobierno que produce, a través de sus normas y regulaciones, una fractura en el lazo social. El Estado, como principal garante de la protección, no solo se ha desentendido de la profundización de la desprotección social que vive la población LGBTIQ+, sino que ha priorizado el interés privado por sobre el bienestar de la sociedad. No puede ser que las actuales formas de regulación de los conjunto sociales se autodenominen normales cuando, en paralelo, nos encontramos con el crudo hecho de que en cada una de las semanas de este año se ha informado de un crimen de odio o alguna situación de discriminación lo suficientemente intensa como para ser cubierta por la prensa tradicional. Sin embargo, esta desprotección normativizada no solo trae malas noticias, también es cierto que ella ha movilizado a profesionales de la  sociedad civil e instituciones académicas con miras a depositar fuerzas para contrarrestar, de manera organizada, el declarado abandono de parte las autoridades, articulando instancias y espacios que se configuran formas de resistencia frente a la hostilidad de los discursos contra la comunidad LGBTIQ+.

 

En esta fecha, como activistas y profesionales apelamos a velar por el bienestar desde una mirada despatologizante y a brindar respuestas que estén a la altura de los cambios sociales bajo una consideración irrestricta a los derechos humanos fundamentales de todas, todos y todes.

 

 

 

Débora Fernández – Docente de Filosofía

Dani Figueroa – Psicóloge Clínico

Javier Núñez – Psicólogo Clínico

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