En la conmemoración del día internacional contra la violencia, en todas sus forma y tipos hacia la comunidad LGBTI+, se hace necesario relevar y priorizar todas las medidas necesarias, tanto institucionales como de política pública, para garantizar un abordaje y erradicación de la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género, incluyendo a las personas, comunidades y poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales, trans y más en el diseño, implementación y evaluación de todas las medidas relacionadas.
Lo anterior es menester, debido a que el último informe de la comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia hacia la comunidad LGTBI+, se destaca la alta prevalencia de situación de violencia de todo tipo y en todas las esferas de la vida pública y privada, inclusive en países con significativos avances en leyes y políticas públicas en favor de sus derechos, ya que constantemente se ven afectadas por formas múltiples e interseccionales de discriminación inclusive por motivos de edad, género, etnia, discapacidad, condición social, por nombrar algunos. La discriminación contra las personas LGBTI+ alimenta la espiral de violencia a la que están sometidas diariamente y crea un ambiente propicio para su exclusión de oportunidades en todas las facetas de la vida, incluida la educación y la participación política-cívica, lo que contribuye a la dificultad para el acceso a la educación, inestabilidad económica, la falta de vivienda y el mal acceso a la salud que vivencian día a día.
No obstante, se está logrando un progreso significativo en la protección contra la violencia y la discriminación, sin embargo, la implementación sigue siendo parcial e irregular: las denuncias de violencia y hostigamiento siguen siendo la norma en nuestro país. Basta con recordar la denuncia realizada el lunes 14 de mayo de este año, donde un hombre propinó un ataque incendiario al club lésbico Frida Kahlo en la ciudad de Chillán, donde sin pudor ni arrepentimiento realizó el ataque “amenazando incendiarlas por depravadas”.
Es así, que solo un tercio de los Estados del mundo tienen leyes que protegen contra la discriminación basada en la orientación sexual y, solo alrededor del 10% de las naciones tienen leyes que protegen contra la discriminación basada en la identidad de género (OEA, 2018).
En este sentido, Chile se adscribe a la convención en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+, sin embargo y en consecuencia se requieren respuestas urgentes, concretas y que cumplan con estándares de los actores estatales, incluidas las instituciones legislativas, judiciales y ejecutivas, así como las instituciones nacionales de derechos humanos, y la participación de actores no estatales como la sociedad civil, las comunidades religiosas, los medios de comunicación, las organizaciones de trabajadores y el sector privado, con el objetivo de erradicar todo tipo de exclusión basada en la diversidad de sexualidades, entendiéndose en su amplio concepto, ya que, por un lado la estadística informa que en esta materia avanzamos, sin embargo, la realidad, el día a día y la calle, nos muestra solamente como una sociedad espejismo de tolerancia, modernidad y progresismo.
Javier Nuñez – Director CERES
