La violencia del silencio político hacia la comunidad LGBTIQ+.
El silencio se establece y delimita por la ausencia de la palabra, la cual, en su configuración crea discurso. El poder, que se consolida en el Estado, determina el silencio como un discurso modelador de existencia, y establece la coerción desde su facultad de ejercer la violencia como un acto hegemónico. La relación de asimetría que intersecciona los cuerpos en cuestión, condiciona categorías que propician la violencia selectiva. El silencio político, es un punto de compresión dentro de una trama histórica que en estado de suspensión de derechos exalta la violencia.
Desde aquí se establece un relato que muestra el ataque sistemático de un accionar colectivo, tanto desde la institucionalidad, como los discursos y acciones que ésta ha instaurado en la sociedad frente a la identidad disidente. Lo que genera una jerarquización imaginaria que da mayor valor a ciertas subjetividades que vivencian de distintas formas, la violencia selectiva.
Si nos acogemos bajo la historicidad en que se han enmarcado estos ejercicios verbales y actos materiales, podemos enunciar una serie de casos que representan esta forma de violencia estructural. La expresión de dichas condenas, se fundan bajo la perspectiva de lo que se comprende como norma, que a su vez, instaura el discurso de lo que se considera legítimo en un Estado, que según la garantía de derechos otorgados a la sociedad en un contexto histórico determinado, resalta la violencia selectiva sobre ciertas subjetividades que se resisten a las sociedades de control.
Esto se concreta a través de diversos casos, como el referido al primer fusilamiento político en dictadura de una persona homosexual, en el año 1975 en Arica. Las diversas violaciones a derechos humanos ejercidas hacia los cuerpos disidentes en el contexto del estallido social. Los crímenes de odio contra Nicole Saavedra y Ana Cook. O aquellos más recientes como el de Miguel Arenas y Vicente González, todos con resultado de muerte.
Hechos que han escalado desde el pasado mes de septiembre, en el que se registraron cerca de ocho testimonios referidos a situaciones de discriminación tanto verbal como física. Lo anterior, parece esquematizar un círculo vicioso que involucra a civiles, cuyo ejercicio toma nuevas formas de propagación de la intolerancia. Pero también ese esquema se replica en agentes de Estado, que en contextos ajenos a la protesta social ejercen y multiplican discursos y acciones de odio hacia la comunidad disidente. Como la situación expresada recientemente, por Valentina Nahuelhual, chica trans que denunció malos tratos de parte de una carabinera en Temuco.
Al observar esta serie de actos sucesivos de violencia diferenciada, es posible revelar la trayectoria y relaciones históricas que se potencian cuando varias desigualdades se interseccionan en la vida de una persona, las que por consecuencia forman distinciones dentro del discurso oficial sobre lo dicho y lo no dicho. Generando una apariencia de impunidad frente a hechos que sistemáticamente han afectado a la comunidad, y se traducen en discursos y crímenes de odio.
La omisión de estos hechos de violencia, constituye una forma de defender las subjetividades hegemónicas y de silenciar las identidades que no reproducen el modelo de conciencias que el poder comunica. En este sentido, la palabra y la no-palabra, generan un acto comunicacional que expresa tanto la falta de interés del Estado, como también perpetúa el accionar de la violencia selectiva en las comunidades disidentes.
El silencio por tanto, es parte de la trama de poder que colabora con este tipo de acciones y su relación asimétrica ante la justicia, o peor aún, en repudiables expresiones que difunden la violencia, presentes incluso en la promoción de videojuegos que incitan a asesinar mujeres feministas, trans y disidencias. Por ejemplo, si pensamos en el juego “Resistencia” creado por un grupo llamado “Revolución Cristiana”, en el que se invitaba a asesinar a diversos personajes, entre los que aparecía la actriz Daniela Vega.
La consolidación de dichos actos materiales, tipifica una serie de delitos gestados en el contexto de una ideología del credo generalizada, que establece una otredad silenciada.
La contra respuesta a la hegemonía potenciada desde diversas aristas, se concreta a través de denuncias virtuales, protestas en contra de la indiferencia en el espacio público, y con acciones más directas, todas ejercidas por sujetos políticos y sociales que exigen un correcto manejo y condena de estos hechos de violencia. Mantener esta posición de resistencia frente a la violencia, involucra un trabajo de reconocimiento individual que propicie un eco en el colectivo, cuestionando tanto lo que comunica el silencio, quién lo comunica, y qué se crea a partir de su práctica.
Escrito por: Cris Andrade y Felipe Mardones.
